A Sandra le cortaron la luz "sin previo aviso”, a pesar de su situación de extrema vulnerabilidad: no tenía ingresos, es víctima de violencia machista y tiene dos hijos a su cargo, uno de ellos discapacitado. Después "de tanta lucha y gracias al asesoramiento de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)“, vive en un piso para víctimas de violencia género en Barcelona y ayuda a los que sufren el drama energético.

"La información lo es todo. Que tu vida dependa de las eléctricas cuando no puedes pagar es como vivir bajo la esclavitud de un gran monstruo”, asegura esta inmigrante argentina de 41 años. La información a la que se refiere y que según ella la que le “salvó la vida”, es la ley catalana contra la pobreza energética, una norma autónomica, única en el territorio nacional, que prohíbe realizar cortes de luz a personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, casos como el de la anciana de Reus, ha puesto en entredicho su cumplimiento por parte de las suministradoras.

“Ahora tengo una deuda con Endesa de 500 euros, la cual quedó suspendida por un año, pero me la siguen reclamando. Ahora estoy en juicio", explica.

El del pasado invierno no era el primer corte que vivió Sandra, con el consiguiente gasto que conlleva la nueva activación del suministro: “En cada corte te cobran 30 euros. Vos llamás a un teléfono de pago, nunca te atiende nadie, hablas una máquina y te ponen musiquita”. “Después gastás lo que no tenés para pagar el reenganche y a esperar, volver a reclamar. Es un sinvivir. Las grandes eléctricas pueden cortar la luz y tener dominio en tu vida”, relata.

Sandra critica la falta de información por parte de las empresas energéticas: “Como una no sabe… Hasta que no di con la APE y me asesoraron. Ni siquiera la suministradora eléctrica te informa de las ayudas que dispones. Es como si todo fuera un tema tabú. Tenemos que tener un derecho a saber qué opciones tenemos cuando estamos en esta situación. Es de una frialdad absoluta. Te hacen sentir culpable de no tener dinero. ¿Me merecía estar así?”.

Después de llevarse a cabo el desahucio por no poder pagar el alquiler, vive en un piso de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, con una ayuda de 426 euros al mes, una cuantía económica que le hace vivir en una situación precaria, pero con algo más de tranquilidad: “Ahora tengo algo de paz”.

Ahora Sandra utiliza su experiencia para ayudar a otros en su misma situación: “Me encuentro con mucha gente que tiene este problema, el comedor social está lleno de personas con este situación”.

“Yo lo estoy contando, lo pasé muy mal, ¿esto quedará en la nada? No lo sé, pero pasar, pasa… todos los días, a mucha gente”.