Ante la "información tergiversada de IU", según señala en un comunicado el Ayuntamiento de Espartinas, se indica que la realización de una auditoría de las cuentas municipales fue aprobada en Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos, pero la Intervención municipal "dejó claro que los únicos órganos fiscalizadores de las cuentas del Consistorio son la propia Intervención o la Cámara de Cuentas".

"Una auditoría externa no tiene, pues, ningún tipo de validez jurídica y, en todo caso, una empresa privada podría actuar como coadyuvante puntual en caso de que la Intervención municipal lo solicitase para algún aspecto concreto de la auditoría", añade. Así, incide en que "hasta la aprobación de un Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno Central, la validez jurídica de las auditorías externas para instituciones como el Ayuntamiento es nula".

Al respecto, el equipo de gobierno recuerda que el jueves el grupo municipal de Ciudadanos elevó al pleno la aprobación de una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas con la intención de que se debatiera, de manera monográfica y preferente, esta propuesta. "Con el voto en contra de PSOE e IU y la abstención de PP, ya que el concejal de Vecinos X Espartinas no acudió al pleno por motivos personale), el punto fue dejado sobre la mesa sin tomarse siquiera en consideración", añade.

Por último, ha hecho referencia a la aprobación en el Pleno de la propuesta de inclusión en el orden del día del primer pleno que se celebre en el segundo semestre de 2017 para su aprobación de la propuesta de modificación del tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza urbana al 0,50 por ciento para que sea efectivo a partir de 2018.

"La propuesta, que tuvo los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de Ciudadanos y PP, no consistió, por tanto, en aprobar ninguna bajada del IBI", subraya, matizando que este aspecto deberá ser debatido en el primer pleno del segundo semestre del presente ejercicio y, en todo caso, su aprobación estará sometida a los informes que, al respecto, eleve la Intervención municipal sobre la viabilidad de dicha bajada.

En este sentido, advierte de que el equipo de gobierno "nunca llevará a cabo ninguna medida que vaya en contra de dichos informes y, por tanto, de la legalidad, puesto que una bajada del IBI en contra de la Intervención municipal supondría, entre otros aspectos, la obligación de adoptar medidas drásticas como reducción de servicios públicos o un ERE, a lo que este Equipo de Gobierno se opone frontalmente".