El ente normativo de valenciano ha hecho pública una declaración

sobre la competencia lingüística de los funcionarios para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos a utilizar su lengua y a ser atendidos en valenciano.

En dicho documento, que ya ha sido enviado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al de las Corts Valencianes, Enric Morera, se reconoce que "estas aspiraciones y exigencias han sido asumidas por los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores e Intersindical Valenciana, en el documento 'Bases del acuerdo sobre la competencia lingüística que ha de acreditar el personal al servicio de las Administraciones valencianas', del 27 de diciembre del 2016".

La AVL recuerda que ha reiterado en diferentes declaraciones institucionales que, para evitar la discriminación lingüística de los valencianohablante, hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a usar el valenciano y a ser atendidos en valenciano en la administración pública, asegurando a estos efectos la capacitación lingüística adecuada de los funcionarios y trabajadores públicos (Declaración con motivo del vigésimo aniversario de la LUEV, de 20 de noviembre del 2003).

En el mismo sentido, el pleno del organismo ha manifestado que "el derecho de los ciudadanos a usar el valenciano y a ser atendidos en valenciano en la Administración pública exige asegurar la formación y la competencia lingüística adecuadas de los funcionarios y trabajadores públicos, y garantizar, en todo caso, los conocimientos básicos del valenciano cuando accedan a la función pública, así como que las diferentes administraciones programen la extensión progresiva del uso del valenciano como lengua habitual", tal y como aseveraba en la Declaración sobre la situación social del valenciano e iniciativas para fomentar su uso, de 26 de junio del 2009).

La AVL espera que el documento aprobado por todos los miembros de la institución "sea asumido en los proyectos legislativos del Gobierno, especialmente en el proyecto de ley de función pública, y que las Corts aprueban las normas legales correspondientes".