El juicio arrancará este miércoles, 18 de enero, a las 9.30 horas en la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Murcia.

Los hechos se remontan al 11 de marzo de 2013, cuando uno de los acusados sufrió el robo de una cantidad indeterminada de plantas de marihuana del interior de su casa, situada en el municipio de Águilas, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio público al que ha tenido acceso Europa Press.

La víctima del robo y otro de los acusados sospecharon que los autores del hurto habían sido miembros de otro clan y decidieron ajustar cuentas con ellos. Para ello, buscaron a los otros dos acusados y, de común acuerdo, se dirigieron al día siguiente a buscar a dos hermanos miembros del clan rival.

Al llegar al lugar, los cuatro acusados no los encontraron, pero sí a otro hombre que había ido a buscar a los hermanos por otros motivos y que, al no encontrarlos, se disponía a marcharse.

Uno de los acusados se le acercó y le preguntó muy alterado por el paradero de uno de los hermanos del clan. El hombre, al verle en ese estado, se subió en su vehículo y se marchó. Sin embargo, al parar en una señal de stop fue interceptado por dos coches que le bloquearon el paso y le impidieron maniobrar.

Los cuatro acusados bajaron violentamente a la víctima de su coche y lo montaron en una furgoneta, al tiempo que le decían que tenía que ir con ellos y le reclamaban información por las plantas de marihuana que les habían sustraído el día anterior, según el relato del Fiscal.

En el transcurso del forcejeo, los acusados quitaron la chaqueta a la víctima y se la echaron encima de la cabeza exigiéndole que cerrara los ojos y que no mirase. Después, le introdujeron violentamente en la furgoneta de uno de ellos, le tiraron al suelo de la misma y le amenazaron con matarle, a la vez que le interrogaban sobre dónde se encontraba a la hora del robo.

En concreto, le dijeron que le habían visto con las cámaras de seguridad y le pidieron que les explicara su relación con el otro clan.

La furgoneta inició su marcha y se dirigió a las afueras de la población, a un paraje conocido como los Salinares, donde dejaron a la víctima con la chaqueta en la cabeza. Seguidamente, los cuatro acusados abandonaron el lugar en el vehículo no sin antes pedirle que no mirara bajo amenazas de muerte.

Durante el viaje, los acusados le habían estado insistiendo con las preguntas, al tiempo que le propinaban patadas y le golpeaban con una tabla o un objeto parecido, según el Fiscal. Además, le agredieron con un objeto cortante e, incluso, le pusieron un cable eléctrico alrededor del cuello, insistiéndole en todo momento que tenía que decirles quién tenía las matas de marihuana.

La víctima fue rescatada diez minutos más tarde por un familiar al que había llamado por teléfono con su propio móvil. Como resultado del rapto, sufrió una herida en la región cervical, una contusión con erosiones en la región facial, erosiones en la región cervical, un trastorno por estrés postraumático y una herida incisa en la pierna derecha, entre otras lesiones.

Como resultado de todo ello, los agentes de la Policía que intervinieron en el suceso sospecharon que podía haber sustancias estupefacientes en la finca en la que habitaban dos de los acusados. Por ello, obtuvieron una diligencia de entrada para registrar dicha instalación, donde encontraron 33 plantas de marihuana y diversos útiles para su cultivo intensivo.

En la casa de otro de los acusados encontraron 828 plantas de marihuana y útiles similares para su cultivo. En total, la sustancia intervenida alcanzaba un peso bruto de 40,32 kilogramos que quedaría reducido a una cantidad que oscilaría entre 201 y 453 gramos aptos para el consumo, con un precio en el mercado ilícito comprendido entre los 1.070 y los 2.408 euros.

Además, uno de los acusados poseía una pistola originalmente del calibre 8 milímetros pero que había sido modificada para disparar munición metálica de proyectil único del calibre 7,65 milímetros, así como un silenciador.

En base a todo ello, el Fiscal sostiene que los cuatro acusados son autores de un delito de detención ilegal por el que pide dos años y seis meses a cada uno de ellos; así como de un delito de lesiones por el que correspondería aplicarles una pena de tres años de prisión.

Además, el Fiscal considera que dos de los acusados, los propietarios de las fincas, serían autores de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud por el que correspondería aplicarles a cada uno un año y seis meses de cárcel.

Finalmente, el Fiscal sostiene que el acusado que tenía la pistola es autor de un delito de tenencia ilícita de armas por el que correspondería imponerle una pena de dos años de prisión.

De la misma forma, el Fiscal considera que los acusados deberán de indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima del secuestro con 2.190 euros en concepto de lesiones y 4.311 euros en concepto de secuelas más los intereses legales.