Así, según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, siete personas están acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, trata de seres humanos y prostitución, solicitando el ministerio público penas que oscilan entre los 18 y los 14 años y medio de prisión. Los otros procesados serán juzgados por estafa y falsedad.

El relato acusatorio señala que en el año 2000, una de las acusadas, de nacionalidad nigeriana, contactó con una menor para organizar un viaje que la traería a España para estudiar. Cuando llegó a Málaga, dice el escrito, se le comunicó que para sufragar los gastos generados tenía que ejercer la prostitución. Además, supuestamente, la chica fue violada por el hermano de la procesada, también acusado en esta causa por estos hechos y por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por falsedad.

La joven escapó, pero en 2003, según el fiscal, a consecuencia "de las amenazas recibidas por la acusada hacia su persona así como sus familiares", la víctima comenzó a pagar la cantidad supuestamente adeudada, lo que terminó en 2008. Dicha procesada, señala la acusación pública ha exigido a otras mujeres parte del dinero de la prostitución "utilizando amenazas de muerte y prácticas de vudú".

Asimismo, otros dos acusados, un hombre y una mujer, llevaron a cabo "todas las actuaciones necesarias para conseguir la entrada en España de dos mujeres nigerianas" que carecían de documentación legal, supuestamente "con la finalidad de entregarlas a terceras personas a cambio de una cantidad económica", al tiempo que "las obligaban a ejercer la prostitución" para saldar la deuda, según la calificación.

Esto lo conseguían esos dos procesados, sostiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, "bajo amenazas e intimidaciones consistentes en ritos de vudú"; además de que les proporcionaban a las mujeres documentación, siendo acompañadas durante todo el viaje por uno de los acusados y entregadas a otros dos. El destino era que "ejercieran la prostitución".

El ministerio público señala que, por otra parte, uno de los anteriores y con otros procesados, prepararon documentos falsos de entidades oficiales y bancarias para "crear una apariencia de realidad y confianza" y remitirlos a ciudadanos para "hacerles creer que habían recibido un premio de lotería", solicitando después dinero como anticipo. De este modo, lograron estafar a una mujer extranjera.

En esta actividad, dice la acusación, colaboraron otros procesados, que "preparaban documentación falsa, compraban materiales necesarios y enviaban la misma de manera masiva con objeto de captar a posibles víctimas". A la mayoría de acusados se les intervinieron pasaportes y documentos de identificación falsificados.