Miles de funcionarios de la Administración pública, con retribuciones que varían entre los 700 y los 800 euros brutos al mes, no llegan a formar parte de los trabjadores mileuristas, según informa el diario El País.
Con la economía creciendo al 4%, los sindicatos creen que ha llegado el momento de acabar con esas remuneraciones, al menos en el sector público.
Tanto Comisiones Obreras como UGT calculan que no suponen más del 6% o el 7% de los funcionarios de la Administración general del Estado, lo que equivale a unas 25.000 personas.
"Son personas recién entradas en la Administración, sin trienios ni otros complementos", explica Pablo Caballero, representante de Comisiones Obreras en la Administración central. Yolanda Palomo, de UGT, añade que normalmente pertenecen a las categorías más bajas, la D y la E. "Es un objetivo justo y deseable", concluye.
Además de estos dos sindicatos, la central de funcionarios CSIF, la gallega CIG y la vasca ELA apoyan la propuesta.
Entre las cinco organizaciones representan a casi el 80% de los empleados públicos.
La Administración pública está de acuerdo
Aunque la discusión con el Ministerio de Administraciones Públicas no ha concluido, este departamento es proclive a introducir el mínimo salarial de 1.000 euros al mes, según fuentes de la negociación.
En principio, la medida afectaría sólo a los 412.601 funcionarios dependientes de la Administración central (los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos negocian por su cuenta), aunque los representantes de los trabajadores confían en que se produzca el efecto imitación.
También se excluye al personal laboral (trabajadores fijos o temporales que realizan su labor en la Administración pero no gozan del mismo estatus que los funcionarios), pues ellos firman sus propios convenios, que ya fijan un sueldo mínimo cercano a los 1.000 euros.
Los sindicatos creen que este colectivo alcanzará esa barrera mínima en 2009.
Unos 800 euros para 2012
La propuesta de los 1.000 euros en la función pública se conoce pocos días después de la polémica suscitada por la cuantía del salario mínino interprofesional para la próxima legislatura.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, es partidario de elevarlo a unos 800 euros en 2012, una cifra que coincide prácticamente con la que piden los sindicatos.
El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, es contrario a una medida de ese tipo por los compromisos que genera a largo plazo, según ha aclarado esta semana.
Trabajo ha convertido la fuerte subida del salario mínimo en esta legislatura -alcanzará 600 euros en 2008- en una de sus principales banderas laborales.
El salario mínimo en la Administración pública forma parte de las mejoras retributivas que Gobierno y sindicatos negocian para la Administración general del Estado, compuesta por más de medio millón de trabajadores.
Una vez fijada en el 3% la subida salarial para los 2,5 millones de empleados públicos que existen en todo el país, los de la Administración central negocian incrementos adicionales sólo para ese colectivo.
Además del 3%, habrá un 0,5% para engrosar el fondo de pensiones de estos empleados y al menos otro 0,3% para diversas mejoras, entre las que se incluye el salario mínimo.
Los sindicatos confían en arañar alguna décima más, pero lo más probable es que la subida media se sitúe en el 3,8%, el mismo porcentaje que han crecido los salarios de los funcionarios centrales en 2007.
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