Las denunciantes del psiquiatra Javier Criado piden que se cambie la ley para que casos de abusos no prescriban

Las denunciantes del psiquiatra Javier Criado piden que se cambie la ley para que casos de abusos no prescriban

  • La Asociación Veritas, que agrupa a 32 mujeres que se consideran víctimas de presuntas malas praxis y abusos del psiquiatra sevillano Javier Criado, reclaman que "se cambie la ley para evitar que prescriban delitos de estas características, ya que en muchos de los casos pasan años desde que ocurren los hechos hasta que las víctimas son capaces de reaccionar, enfrentarse a ellos y denunciar públicamente lo ocurrido".

Así lo ha indicado este jueves la asociación en un comunicado tras conocerse que la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la decisión de la juez de Instrucción número 19 de archivar y declarar extinguida por prescripción la posible responsabilidad penal del psiquiatra Javier Criado en relación a ocho de los nueve delitos de mala praxis y abusos por los que fue denunciado por un primer grupo de ocho mujeres en el mes de diciembre de 2015.

La Asociación Veritas muestra su "total respeto jurídico" por la decisión de la Audiencia Provincial, que ha rechazado el recurso de las ocho primeras mujeres que presentaron el pasado año sus denuncias contra el psiquiatra sevillano por un delito continuado de intrusismo profesional, un delito de omisión del deber de socorro, un delito continuado contra la integridad moral, tres delitos continuados de abuso sexual, dos delitos de abuso sexual, y uno de inducción al suicidio.

Sin embargo, este colectivo considera "un error que la Ley permita que por esta prescripción queden sin investigar y enjuiciar hechos tan graves como estos, en los que la Fiscalía advirtió al juez de 'los serios indicios de culpabilidad concurrentes en el presente caso'".

Según recuerda la plataforma, el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla decidió incoar el pasado año diligencias previas contra Javier Criado por la denuncia de una de las víctimas, aunque consideró "extinguida por prescripción la posible responsabilidad penal" por la mayoría de los delitos denunciados, al considerar que los hechos objeto de la denuncia han prescrito, excepto uno de ellos. La magistrada decidió que sólo siga adelante el último de los casos presentados, correspondiente a un "delito contra la integridad moral" por unos hechos del pasado año 2015.

La Asociación Veritas remarca que "los hechos que se están denunciando y que se llevan produciendo más de 30 años son constitutivos de delitos cuya prescripción no debe señalarse en función de la fecha en que ocurrieron, sino desde el momento en que las víctimas han tenido capacidad para entender lo que les había ocurrido y el daño psicológico producido".

De hecho, añade que "muchas de ellas han arrastrado durante años diversos problemas psicológicos y familiares como consecuencia de unos hechos que han mantenido en silencio durante años, hasta que en 2015 conocieron otros casos por redes sociales que les hicieron tomar conciencia del drama sufrido y les decidió a dar el paso de denunciarlo".

Fue entonces "cuando mujeres que no se conocían previamente decidieron dar el paso de contarlo públicamente, a pesar de ser conscientes de los problemas que les acarrearía". Este grupo, "formado por algunas personas muy conocidas por pertenecer a prestigiosas familias de la ciudad, por ostentar cargos de responsabilidad institucional o por ser esposas o tener relación de parentesco con conocidos políticos y empresarios, han tenido que contar a sus familias y entornos hechos que tenían callados durante años", añaden desde Veritas.

Desde entonces, "la lista de personas que se ha puesto en contacto con ellas, reconociendo ser víctima de los abusos de este médico no ha parado de crecer". Algunas de ellas han preferido seguir en el anonimato mientras que otras decidieron denunciar públicamente la situación. De hecho, 32 de ellas ya presentaron su testimonio ante el Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Sevilla.

En las próximas fechas las víctimas "se reunirán y decidirán si cuentan con la ayuda suficiente para seguir adelante por la vía jurídica, recurriendo ante el Tribunal Supremo o en amparo ante el Tribunal Constitucional, o lo hacen a través de otras vías para evitar que casos así queden impunes", anuncia el comunicado.

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