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CTA acusa a la Fiscalía de no perseguir los delitos contra los trabajadores del campo cordobés

Parra y Moro (al fondo) durante la rueda de prensa
Parra y Moro (al fondo) durante la rueda de prensa (EUROPA PRESS)
  • El sindicato CTA en Córdoba ha acusado este jueves a la Fiscalía de no perseguir los delitos contra los derechos de los trabajadores que, supuestamente, cometen empresarios agrícolas de la provincia cuando no contratan legalmente, no dan de alta en la Seguridad Social los días que corresponden y tampoco pagan por su trabajo a jornaleros, cuyas denuncias no reciben respuesta, pues su tramitación judicial se demora durante años, o bien son archivadas.

Así lo han expuesto este jueves en rueda de prensa el secretario general y el secretario de Acción Sindical de CTA en Córdoba, Francisco Moro y José Parra, respectivamente, quienes han llegado a esta conclusión tras haber decretado la Fiscalía el archivo de las denuncias que ambos habían interpuesto, buscando que se actuara penalmente, de forma concreta, contra un empresario que empleó entre septiembre de 2013 y enero de 2014 a medio centenar de jornaleras en la recolección del ajo, a las que dejó a deber salarios por un total de 80.000 euros.

Se da la circunstancia de que el empresario en cuestión no acudió a acto de conciliación alguno ni al juicio celebrado contra él en el Juzgado de lo Social, tras las denuncias presentadas por las jornaleras asesoradas por CTA, que ahora "esperan cobrar del Fogasa", que no del empresario, el dinero que éste les debe. Por ello, según ha explicado Moro, su sindicato entendió que la Fiscalía debía actuar contra este empresario, como supuesto autor, "como poco, de apropiación indebida".

Sin embargo, en el mencionado decreto, recogido por Europa Press, la Fiscalía justifica el archivo de la denuncia de CTA contra el empresario en base a que "los hechos han sido objeto de conocimiento por parte del Juzgado de lo Social número cuatro" y, por tanto, "la ejecución de lo establecido en el fallo de la sentencia corresponde a dicha jurisdicción y nada de lo que se describe es constitutivo siquiera indiciariamente de infracción penal".

Para los sindicalistas, en cambio, no tiene sentido este archivo, vistos los hechos, como tampoco lo tiene el que la Fiscalía haya archivado, igualmente, la denuncia de CTA sobre las prácticas presuntamente delictivas que se vendrían produciendo en los últimos años en la zona del Bajo Guadalquivir a la hora de emplear, sin contrato, sin dar de alta en la Seguridad Social y pagando por debajo del convenio a jornaleros en diversas campañas de recolección, habiendo sido esto avalado por acuerdos de Pleno de ocho ayuntamientos de la zona.

Moro y Parra han explicado que, con su denuncia, habían pedido a la Fiscalía que abriese "una investigación general" sobre este tipo de "prácticas mafiosas", pero su respuesta es que "son hechos aislados" y ha archivado la denuncia alegando que "el derecho penal es un derecho penal de autor y en la denuncia interpuesta no se señala a persona o entidad alguna que pudiera estar llevando a cabo conducta delictiva alguna".

Ha añadido la Fiscalía, respecto a las denuncias ya interpuestas por jornaleros contra personas o empresas concretas, que éstas "han sido judicializadas y están siendo objeto de investigación por los juzgados de instrucción correspondientes".

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