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La Junta pide mayor celeridad judicial en casos como el del catedrático y reclama "creer a las mujeres"

La consejera andaluz de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio
La consejera andaluz de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio (EUROPA PRESS)
  • La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha incidido en la necesidad de que el tratamiento judicial de casos como el del catedrático de la Universidad de Sevilla (US) Santiago Romero, que ha sido condenado a siete años de prisión por abusos sexuales y lesiones sobre dos profesoras y una becaria de investigación, cuente con una mayor celeridad, para evitar que la prolongación en el tiempo "victimice mucho más" a las denunciantes.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de la reunión del Pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, Sánchez Rubio ha recalcado también que hay que "creer a las mujeres", paso en el que "se tarda mucho" en casos de violaciones y abusos, lo cual es "muy grave".

"Hay que creerlas y actuar para prevenir: siempre hay tiempo, haciéndolo de manera razonable, de actuar sin lesionar los derechos de nadie ni las garantías procesales de todos, incluido el que agrede, pero hay que procurar que las mujeres no se vean abocadas a dejar el trabajo y queden doblemente culpabilizadas y victimizadas en el proceso", ha señalado la consejera.

La responsabilidad del caso, añade, la marca la propia sentencia, donde "queda clara la culpabilidad del agresor por abuso y acoso sexual a iguales, pues en realidad todos eran profesores de la universidad, con la diferencia de que él ostentaba un cargo".

Por lo demás, Sánchez Rubio, que ha alabado lo que considera una postura de "sensibilidad" por parte de la Hispalense al pedir disculpas a la sociedad y a las víctimas y al actuar rápidamente una vez conocido el fallo judicial, también ha hecho hincapié en la conveniencia de establecer protocolos de coordinación.

Los mismos deben permitir "no sólo actuar rápidamente, sino que hasta tanto los procesos se sustentan desde el punto de vista jurídico las mujeres no deben verse abocadas a dejar sus trabajos". Así, las mismas deben quedar protegidas, "y para eso hace falta reconocimiento en el ámbito laboral y familiar, sin aparecer como culpables, que es lo que pasa en la mayoría de los casos".

"Cuando en estas situaciones los procesos se prolongan, que no deben, hay que adoptar medidas de apoyo y cariño a las víctimas, que lo son en la teoría y en la práctica", ha finalizado.

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