El Gobierno prevé recurrir en breve ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó la financiación del bono social y que obliga a devolver a las grandes eléctricas unos 500 millones de euros, confirmaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo ya había recurrido la sentencia ante el propio Tribunal Supremo, que ratificó su decisión.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre un real decreto con el nuevo modelo de financiación del bono social y una reforma de la Ley del Sector Eléctrico para impedir que se corte el suministro a los hogares "extremadamente vulnerables".

Según este nuevo modelo, el bono social (descuento que se aplica en la factura eléctrica a una serie de colectivos vulnerables) será financiado ahora por todas las comercializadoras, y no sólo por las grandes compañías integradas, que cuentan con actividades de producción, distribución y comercialización.

De esta forma, el coste del bono social —unos 200 millones al año— pasará a ser financiado por un mayor número de empresas, aunque el grueso seguirá recayendo en las tres grandes (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) por sus cuotas de mercado.

El Supremo había anulado el pasado 26 de octubre el régimen de financiación del bono social por incumplimiento de la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En concreto, la directiva establece que "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables".

Un mes después, el Gobierno planteó un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, que fue rechazado por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en diciembre.