Tras casi 100 muertos en una semana, Brasil envía policías de elite a controlar cárceles

El Gobierno brasileño autorizó este lunes el envío de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron casi un centenar de asesinatos en sus cárceles durante los primeros días del año.

El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, respondió a la petición de ambos estados, situados en el norte del país, y anunció el envío de 200 hombres, cien por región, para ayudar a controlar la crisis en los presidios, donde se han registrado varios motines la última semana.

Moraes informó en una rueda de prensa de que los agentes llegarán a los estados la madrugada del martes con aviones de las Fuerzas Áreas Brasileñas (FAB) y su objetivo será reforzar la vigilancia en las áreas próximas a las cárceles.

La autorización del Ejecutivo se produce horas después de que el Gobierno de Roraima anunciara que envió un oficio al presidente del país, Michel Temer, solicitando con urgencia ayuda para la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, situada en las afueras de Boa Vista, la capital regional.

En esa petición la gobernadora de Roraima, Suely Campos, argumentó que la integridad física de los presos que hay en la cárcel es "prioridad inmediata" y también pidió recibir agentes de la Fuerza de Intervención Penitenciaria Integrada urgentemente, al admitir que los efectivos de la Policía Militarizada regional no son suficientes para garantizar la seguridad en el presidio.

El manejo de las crisis en las cárceles no es siempre el adecuado, y el año pasado la ONU llamó la atención al país por permitir la "impunidad" en la matanza de 111 presos a manos de la Policía en el presidio de Carandiru en 1992, la mayor de la historia.

El caso, que inspiró una exitosa y cruda película, conmocionó a la opinión pública internacional, y 74 agentes fueron condenados, pero una nueva resolución judicial tras la llegada del Gobierno de Michel Temer los ha dejado en libertad.

Condiciones precarias

Además de Roraima y Amazonas, otros cinco estados han pedido ayuda federal para garantizar la seguridad en sus prisiones, con problemas de hacinamiento, enfrentamientos entre bandas rivales y precarias condiciones.

El pasado viernes, 33 presos murieron en la cárcel de Roraima por un supuesto ajuste de cuentas entre integrantes de la facción Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor de Brasil, según el ministro de Justicia.

Días antes el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos, capital del estado de Amazonas, fue escenario de una reyerta en la que miembros de Familia do Norte (FDN), supuestos aliados de la banda Comando Vermelho (CV), iniciaron una disputa con integrantes del PCC.

El balance final fue de 56 muertos, la mayoría miembros del PCC, número que se elevó hasta los 60, pues otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en una zona rural de Manaos, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo otras dos víctimas esta semana.

En Brasil "raramente" los detenidos son conducidos a la Justicia justo después de su detención, lo que contribuye a la superpoblación en las cáceles. La lentitud de la Justicia hace que buena parte de los presos tengan que esperar en terribles condiciones meses o hasta años antes de ser juzgados, denuncia Human Rights Watch,

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