En este sentido, la patronal asevera que la consolidación fiscal debería perseguirse por la reducción del gasto público y la "necesaria" reestructuración de las Administraciones Públicas sin renunciar a la calidad en los servicios "a través de la máxima eficiencia y eficacia".

De hecho, sostiene que la dinamización del sector productivo, generador de empleo, no puede conseguirse a través de un aumento de la carga fiscal, "cada vez menos sostenible, que conduce a una pérdida de competitividad de nuestras empresas".

De forma adicional, la CAEB propone una mayor reducción del gasto público y la obtención de más recursos de la financiación estatal, al aseverar que la economía de Baleares "padece un déficit histórico" en lo relativo al sistema de financiación autonómica.

Por ello, apoya que el Govern defienda ante Madrid propuestas en lo referente a una mejora del sistema de financiación autonómica que refleje la situación económica y actual y los ciclos económicos, evitando así las subidas impositivas para cubrir déficits de ingresos.

Al respecto, CAEB considera necesario que el Govern defienda ante el Gobierno central el principio de ordinalidad, acorde con la capacidad tributaria, ya que en Baleares la capacidad de recaudación fiscal se sitúa por encima de la media estatal pero su capacidad de financiación de servicios es inferior a la media estatal; una mayor participación en los tributos cedidos, y el incremento de la inversión pública estatal que en la actualidad se encuentra en mínimos históricos, además del cumplimiento de las inversiones estatutarias.

De forma paralela, la CAEB sostiene que el hecho de la insularidad de Baleares supone un coste adicional para el tejido empresarial del archipiélago y "dado que nuestras islas no están calificadas como islas ultraperiféricas y que su PIB se considera elevado, no se permite acceder a la obtención de financiación europea para compensarlo".

Por ello, propone que se negocie con la administración del Estado el desarrollo de la regulación del REB para compensar los costes adicionales que soportan las empresas debido al hecho de la insularidad, que incluya la mejora de la conectividad (tanto aérea como portuaria) garantizando las conexiones y capacidades para pasajeros y mercancías.