Según se expone en el 'Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013', destaca el "gran número" de encomiendas que solucionan problemas déficits estructurales de plantilla.

Estas son "encomiendas de actividad, de carácter estructural" que, según el informe, "son reiteradas en el tiempo" por parte de las autonomías y "no responden al carácter concreto y específico que deberían tener las encomiendas de gestión".

SIN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha detectado que en "ninguna" de las comunidades autónomas existe un instrumento de planificación referente a las encomiendas de gestión, ni con carácter general ni entre las que se realizan dentro del ámbito de una misma consejería.

Además, tampoco cuentan con criterios estratégicos predefinidos, que permitan determinar qué prestaciones serán externalizadas y cuáles se van a llevar a cabo a través de una encomienda de gestión. Frente a esto, el Tribunal recomienda la regulación "más completa y sistemática" del régimen jurídico que sujeta a las encomiendas.

También, el organismo aconseja que se desarrolle, con carácter previo a la realización de encomiendas, estudios que justifiquen que la elección de este sistema de gestión es la alternativa más eficiente frente a otras opciones, como la licitación pública o la ejecución por la propia Administración.

ENCOMIENDAS A ENTIDADES SIN RECURSOS

Asimismo, el informe expone que los encargos se realizan a entidades que "carecen de capacidad y de recursos necesarios" para realidad la totalidad de los encargos, lo que implica que se den más subcontrataciones. Además, según el documento, a menudo se utilizan a algunas entidades como "medio para todo" o se encargan tareas a entidades no correspondientes al campo de trabajo.

Ante esto, el Tribunal recomienda "precisar los requisitos y aspectos" determinantes para recurrir a las encomiendas de gestión, además de concretar si está prevista alguna subcontratación y establecer procedimientos de control en la ejecución de las tareas encomendadas.

El informe alerta también de que en la mayoría de las comunidades autónomas existen encomiendas de trabajo que llevan aparejada la participación en la ejecución de potestades públicas, algo que no es acorde al ordenamiento jurídico.