La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma así la resolución dictada en marzo de 2011 por Hacienda, que emplazaba a Montis a abonar las obligaciones tributarias pendientes en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de diversas liquidaciones y de sanciones derivadas de varios procesos de inspección.

Ante esto, familiares de Montis decidieron recurrir la resolución al alegar la falta de competencia de la AEAT de Baleares para reclamar las cantidades pendientes y al argumentar que no se dan los supuestos legales necesarios para declarar la responsabilidad de Montis. Unos alegatos que los magistrados rebaten declarando estas actuaciones adecuadas al ordenamiento jurídico.

De hecho, la Sala asevera que este caso conecta con el supuesto de responsabilidad tributaria del administrador de una sociedad con cuya conducta se comete "una omisión de la diligencia debida" -en este caso ante Hacienda- y que "le es exigible en el cumplimiento de sus obligaciones como administrador, entre la que se encuentra la de disponer de todo lo necesario para la satisfacción de las obligaciones tributarias de la sociedad".

La empresa de Montis figura en el epicentro de uno de los casos pendientes de ser juzgados que afectan a UM. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel y 3,7 millones de euros en multas para la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, a quien acusa de cobrar más de 400.000 euros en comisiones por auspiciar la recalificación de Son Oms y favorecer el incremento de la edificabilidad en la zona, hechos que hasta el momento ha negado tajante la encausada.

El exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens manifestó en su día que a raíz de la recalificación se hizo un reparto de cinco lotes en comisiones, de los que se beneficiaron tanto Munar como él, así como Morales, Montis y la viuda del letrado Francisco Truyols.

Tal y como postula el fiscal, Munar, Vicens y Morales se concertaron para poder disfrutar de los beneficios obtenidos de sus actividades delictivas y así poder introducir en el mercado sus ganancias ilícitas. Para ello, señala, "utilizaron sus influencias" para lograr la recalificación y, a cambio, exigieron a los propietarios de las diversas fincas de Son Oms que les cedieran de forma gratuita el 15 por ciento de sus inmuebles.

Los inculpados disfrazaron estos hechos simulando que los terrenos habían sido comprados a través de la sociedad Gestora de Desarrollo Son Oms, controlada por Montis y que aparentaba ser una empresa unipersonal. De este modo, la mercantil, transcurrido el tiempo y revalorizado su patrimonio, repartió los inmuebles y activos entre los tres acusados, que habían escondido de esta forma su participación.

La acusación pública incide en que esta sociedad había sido constituida expresamente para recibir las tierras comprometidas, de modo que mediante esta empresa se ocultaba la procedencia y origen del activo patrimonial, que "en realidad obedecía o bien a la ilícita contraprestación por haber conseguido de la Administración una decisión urbanística o bien al producto del engaño en el que sumieron a los propietarios".

Montis distribuyó finalmente los beneficios obtenidos a los partícipes ocultos en su sociedad: a Munar y Vicens les retribuyó en efectivo y a Morales con lotes de terrenos. De este modo, al exconseller se le pagaron más de 480.000 euros, toda vez que Vicens, tras obtener el dinero de Montis, entregó en una bolsa más de 400.000 euros en efectivo a la expresidenta, quien a diferencia de Vicens, no quiso encubrir el pago mediante facturación ficticia.