Los 'populares' recuerdan, en un comunicado, que presentan este escrito "mientras que la Conselleria de Economía pretende ahora acudir al contencioso-administrativo para solicitar la anulación de la ZGAT".

En sus alegaciones, el PP defiende "el hecho de que la solicitud del Ayuntamiento de Alicante realizada en 2013 se llevó a cabo aplicando la normativa vigente en aquel momento, la cual excluía expresamente el trámite de audiencia por la consideración de municipio turístico".

El PP pretende con estas alegaciones impedir que se aplique una retroactividad que ponga en cuestión lo aplicado desde entonces, excepto los meses en los que el tripartito con el apoyo de Ciudadanos prohibieron la libertad comercial en Maisonnave. En el escrito registrado, "los populares mantienen que la normativa no exigía, en ese momento, para la ZGAT ningún tipo de informes, y como no lo exigía no debe ser anulable".

Barcala expresa además la oposición del Partido Popular "a la declaración de lesividad para el interés público" que pretende la Conselleria de Economía sobre la resolución de enero de 2013 en la que se declaró ZGAT para todo el año a la zona centro de la ciudad.

Asimismo, aduce en las alegaciones que "el simple anuncio de la tramitación del expediente genera sensación de inseguridad jurídica, toda vez que se pone en duda una tramitación que cumplió todos los requisitos formales vigentes en aquel momento y que pasó todos los filtros exigidos". "¿Cómo puede ser que los actuales gestores autonómicos, en aquel momento en la oposición, no se percataron de las irregularidades que ahora denuncian y no lo impugnaron en su momento? Simplemente porque no existían tales irregularidades", señala.

"CRITERIOS POLÍTICOS"

Sostiene, además, Barcala que "la única razón para forzar la interpretación hasta el límite y de impulsar el inicio del presente expediente no obedece estrictamente a razonamientos jurídicos sino a criterios políticos, en los que prevalecen los intereses partidistas a los de los ciudadanos".

Añade también en el escrito de alegaciones que "cada uno es libre de interpretar la norma a su antojo, forzando a límites sorprendentes su artículado". Pero, pregunta, "¿cómo puede sostenerse que la ley lo que quiso decir es que si el trámite lo inicia de oficio la Conselleria no se necesitan informes, pero que si no lo inicia el ayuntamiento, que conoce mejor la realidad del municipio, sí se necesitan todos los informes? Es un sinsentido".