Así lo ha anunciado el director general de Diversidad Funcional, Antonio Raya, quien ha señalado que, con esta medida, "se pretende dar respuesta a las personas con trastorno mental grave que precisan atención específica residencial y que en estos momentos se encuentran a la espera del ingreso en un centro".

Para calcular la cantidad de la prestación económica, la conselleria, tal y como ha hecho con las personas mayores, fijará el precio público de la plaza que deberá costear la administración descontando la aportación que hará el usuario en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía, 345 euros al mes, además de las dos pagas extras, explican desde el departamento que dirige Mónica Oltra a través de un comunicado.

Además de esta iniciativa, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se han tomado una serie de medidas "para ofrecer a las personas con trastorno mental grave una atención integral centrada en la persona, que fomenten la recuperación de la autonomía y permita superar los desequilibrios territoriales y sociales de la atención que hasta ahora han recibido", ha manifestado Raya.

"Frente a la falta de políticas de promoción de infraestructuras públicas en este sector en las dos últimas décadas, -ha proseguido- se van a poner en marcha nuevos recursos destinados a las personas con enfermedad mental, haciendo especial hincapié en la apertura de viviendas tuteladas como el mejor recurso para alcanzar un mínimo de autonomía, encontrar empleo o formación y apoyar su integración social". Asimismo, se van a ampliar las plazas en centros de día y centros residenciales.

En este sentido, la administración autonómica subraya que durante 2016 se pusieron en marcha 115 plazas, 40 residenciales y 75 de atención diurna y ambulatoria. Para este año, está prevista la apertura de 175 plazas más para personas con trastorno mental grave. Además, se procederá al concierto de un total de 100 plazas más a través de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad por encima del coste.

CAMBIO DE MODELO SUBVENCIONAL

Otra de las medidas adoptadas es el cambio de modelo subvencional con las entidades sin ánimo de lucro para la gestión de las plazas de centros de atención especializada, por el del concierto social, que dará mayor estabilidad a las personas destinatarias del servicio.

"Este cambio termina con la discrecionalidad de las ayudas, permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la entidad, además de crear un marco legal que repercute en la mejora de los derechos de los usuarios", ha señalado el director general, quien ha explicado que, para ello, se va a modificar la Ley de Servicios Sociales y, posteriormente, se desarrollará el concierto social a través de un decreto en 2018.