La huelga contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones en Francia tuvo un seguimiento masivo en el transporte público terrestre, lo que ha generado muchos problemas de movilidad.
El paro, que se prolongará hasta el viernes, pone a prueba la determinación en las reformas del presidente, Nicolas Sarkozy.
Éxito en el ferrocarril
El éxito de la convocatoria de los sindicatos fue particularmente evidente en los trenes, ya que sólo alrededor del 5% de los programados en el país circularon, y la dirección de la compañía de ferrocarril SNCF reconoció que casi las tres cuartas partes de sus trabajadores se habían sumado al paro.
El transporte urbano se vio "fuertemente perturbado" en París -con la mayor parte de las líneas del metro paralizadas o casi-, pero también en buena parte de las 28 otras ciudades en las que los sindicatos habían lanzado la convocatoria.
Sectores menos movilizados
La movilización tuvo menos visibilidad en el sector de la energía, donde las direcciones de EDF y GDF anunciaron proporciones de huelguistas de algo más del 50%, mientras las centrales las elevaban a horquillas de entre el 60 y el 90%.
Los sindicatos igualmente organizaron manifestaciones en varias grandes ciudades, que reunieron 150.000 personas según la policía y 300.000 según las centrales, y algunas de ellas decidieron mantener la presión este viernes.
El viernes, más paros
La entidad del transporte metropolitano de la capital RATP indicó que sólo entre un tercio y la mitad de los metros funcionarán durante la jornada del viernes, y que los autobuses y los tranvías se irán poniendo en marcha pero muy progresivamente.
En la misma línea, la SNCF admitió que el tráfico de trenes continuará "muy perturbado" y sólo se irá normalizando a partir de media tarde.
El Gobierno quiso mantener un perfil conciliador y el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, reconoció que la protesta había sido "importante" y afirmó que "la huelga no impide el diálogo", antes de insistir en que la reforma "será progresiva" en los regímenes especiales, de los que se benefician medio millón de empleados esencialmente de los ferrocarriles, los transportes urbanos y las compañías estatales de energía EDF y GDF.
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