El Servicio de Clínica es uno de los departamentos del IMLCF que mayor carga de trabajo sacó adelante el pasado año. Entre sus resultados, correspondientes a los casos registrados en la ciudad de Valencia y en los distintos partidos judiciales de la provincia, en funciones de guardia, destacan los 3.045 reconocimientos de daños por agresión que se certificaron, así como los 630 que hacían referencia a lesiones causadas por accidentes de todo tipo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El tercer grupo más numeroso de reconocimientos es el de determinación de la edad (161) que se realizan, fundamentalmente, a inmigrantes que han alegado ser menores de 18 años para regularizar su situación en España. También se han registrado 143 reconocimientos de casos de agresión sexual, 86 de capacidad laboral y 54 de presuntas malapraxis médicas.

Durante los últimos años se ha visto incrementada la demanda de informes periciales psiquiátricos, tanto en su número como complejidad, lo que determinará una "mayor especialización" si cabe de los médicos forenses adscritos a la sección de Psiquiatría. De hecho, esta unidad del IMLCF intervino en 221 casos durante este año, de los que 134 fueron asuntos penales; once provenientes de los Juzgados del Registro Civil; 10 de la Fiscalía de Menores; 19 de lo social; tramitó 36 asuntos civiles e informó en 11 casos de violencia machista. Asimismo, se realizaron más de 1.000 informes en relación a internamientos involuntarios y mas de 400 informes de incapacidades.

LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA FORENSE

Otro de los departamentos de mayor crecimiento respecto al trabajo realizado en 2016 fue la Unidad de Psicología Forense, adscrita a la Sección de Psiquiatría, que tiene como función principal la realización de informes psicológicos para órganos judiciales y fiscalías.

Además, el IMLCF cuenta con equipos especializados en la atención Psicosocial de Familia, que se dedican principalmente a informar a los Juzgados de Familia y los de Violencia sobre la mujer informando en 331 expedientes que han supuesto más de 1.000 reconocimientos.

A todos ellos se suman los 166 casos tratados por la Unidad de Valoración Integral, un equipo multidisciplinar que elabora informes para que los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer puedan tomar, si fuera necesario, medidas cautelares.

PRUEBAS DE PATERNIDAD

El laboratorio de Hemogenética y Criminalística Forense del IMLCF, que es el encargado de analizar las muestras de ADN requeridas en procesos civiles o penales que se tramitan en los juzgados de la provincia de Valencia, ha emitido este año 62 informes que se corresponden a filiaciones, es decir, a determinar grados de parentesco, fundamentalmente de paternidad.

La Sección de Toxicología, cuyos profesionales son quienes determinan la presencia de alcohol, drogas u otras sustancias por orden judicial, recibió en 2016 un total de 1.418 muestras para su análisis, de las que 700 correspondían a individuos vivos y las otras 718 a personas ya fallecidas. La mayor parte de los análisis practicados determinaron la presencia de alcohol en sangre (820) y drogas y fármacos (683).

Respecto a la procedencia de las muestras analizadas por la Sección de Toxicología, 688 llegaron de los juzgados de instrucción (504 de la ciudad de Valencia) 521 de los juzgados de 1ª Instancia; diez de los juzgados de lo Penal; otros diez de la Audiencia Provincial; dos de los juzgados de Menores; dos de la Fiscalía de Menores; doce de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y otras doce procedentes de diferentes hospitales valencianos. La Guardia Civil remitió 27 muestras de sus investigaciones en curso y la Policía Local de Valencia otras 23.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS MEDIOAMBIENTALES

El IMLCF cuenta también con un Laboratorio de Biología especializado en la investigación forense de delitos medioambientales. Durante 2016, este organismo recibió 90 solicitudes para elaborar informes periciales (46 de Valencia, cuatro de Alicante, 36 de Castellón y cuatro de otras provincias) y se elaboraron un total de 77 informes.

De ellos, seis correspondían a casos de contaminación de aguas; dos a delitos de consumo; cinco a emisiones atmosféricas; dos a mortandad de fauna acuática; seis a mortandad de fauna terrestre; 14 a casos de impacto ambiental (urbanismo, obras públicas y transformaciones agrícolas); siete a contaminación de suelos, especialmente a causa de vertidos; 43 a casos de contaminación tóxica por uso de productos fitosanitarios y pesticidas y cinco estudios relativos a vertederos tanto clandestinos como legales.