El Ministerio de Economía ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos y otros grupos políticos sobre el código de buenas prácticas que pretende aprobar el Gobierno para facilitar la reclamación a los bancos de los clientes afectados por las cláusulas suelo.

Fuentes de Economía dijeron a EFE que "lo importante es tener un sistema rápido, eficiente y garantista para restituir a los clientes con cláusulas suelo indebidas" y confiaron en que el PSOE se sume al acuerdo.

Este código de buenas prácticas se analizará este viernes en el Consejo de Ministros, añadieron las fuentes, que precisaron que su aprobación podría ser este mismo viernes o, a más tardar, en la reunión del Ejecutivo del día 13 de enero.

El Partido Socialista anunció hoy que su grupo parlamentario no apoyará el citado código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo, ya que sigue apostando por establecer un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades.

El código de buenas prácticas que pretende aprobar el Ejecutivo será voluntario para las entidades financieras y las que se acojan estarán luego obligados a cumplir sus preceptos y sus clientes abocados a agotar esta vía alternativa antes de acudir a la justicia.

Además, con la idea de hacer más fácil la devolución de las cantidades cobradas de más durante años, el Ministerio de Economía exigirá a los bancos que creen unidades especiales para gestionar la previsible avalancha de reclamaciones.

El código de buenas prácticas llegará al Consejo de Ministros de este viernes, apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera la razón a los afectados y allanara el camino para recuperar íntegramente lo pagado de más por las cláusulas suelo de sus hipotecas, que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel.

Para garantizar que los bancos cumplen con estas nuevas reglas se creará también una comisión de seguimiento con representantes del Banco de España y de los ministerios de Economía y de Justicia.

Al fin y al cabo, son estos dos departamentos los que más se han implicado en agilizar las reclamaciones por las cláusulas suelo, que afectan casi a 2 millones de clientes y puede suponer la devolución de algo más de 4.000 millones de euros.

CaixaBank, BBVA y Popular son los bancos que tendrían que devolver más dinero, seguidos de Sabadell y, en menor medida, Bankia. Una lista a la que se suman entidades más pequeñas como Unicaja, Liberbank, Kutxabank, Abanca, Ibercaja, Banca March, BMN y varias cajas rurales.

La mañana de este jueves, el portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Rafael Simancas, confirmaba contactos con el Gobierno para alcanzar una solución para los afectados por las cláusulas suelo, pero aseguraba que "el PSOE no está de acuerdo con el planteamiento del Gobierno". Así, ha defendido "una solución extrajudicial que permita a los afectados recuperar su dinero sin quitas, sin demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales". "No nos parece razonable dejar la solución a este problema en manos de la voluntariedad de los bancos de seguir o no un determinado código de buenas prácticas", ha dicho.

Posteriormente, el portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, Pedro Saura, lo ha tachado también de "inaceptable" porque se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados.

En su opinión, la solución para agilizar la devolución del dinero debe ser un procedimiento extrajudicial "rápido, eficaz y con coste cero" para el cliente y sin quitas.

Además de anunciar el rechazo socialista a las nuevas reglas de juego que quiere fijar el Gobierno, Saura ha insistido en que su grupo pedirá "como mínimo" que se tramite como proyecto de ley en la Cámara baja.

Y es que, ha recordado, ya existe una sentencia europea "que deja las cosas claras" en favor de los consumidores, por lo que no cabe un código de buenas prácticas al que los bancos se adhieran voluntariamente.

Igualmente, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado de que su grupo también mantiene conversaciones con el Gobierno y con el Ministerio de Economía para tratar de "introducir alguna mejora" en el código. Su propuesta es apostar por un mecanismo sin coste para el cliente, que evite entrar en una pelea judicial para reclamar las cantidades cobradas por las entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.