Mara es una joven de 20 años de Santiago de Compostela con discapacidad intelectual asociada una lesión cerebral que ha podido votar hasta ahora sin el menor problema. No podrá volver a hacerlo porque su familia pidió su incapacitación parcial y que se ha traducido en la privación de su derecho a votar después de la decisión de este miércoles del Tribunal Constitucional de dar la razón al Tribunal Supremo.

No es que la incapacitación temporal suponga una exclusión automática del derecho a voto, es un juez el que debe declarar de forma expresa que la persona no está capacitada. Este modo de proceder choca con la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad que se ratificó en España en el año 2008 y que en los artículos 12 y 29 dice que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley y en concreto respecto del derecho de sufragio.

Naciones Unidas instó al Gobierno español a modificar la legislación actual en términos muy claros (y con tirón de orejas por la poca diligencia en 2013): "El Comité pide al Estado parte que modifique el artículo 3 de la Ley Orgánica Nº 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar".

El problema radica en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se trata de una ley de rango inferior a la Constitución y a la Convención de la ONU y que la ministra de Sanidad y Servicios Sociales se ha comprometido a reformar:  "para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad, regulando aquellas excepciones a este derecho en los supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona".

De momento y a la espera de la reforma, lo único que pueden hacer las personas con discapacidad incapacitadas es solicitar la revisión de la sentencia. Un trámite que llevaron a cabo Mara y sus padres sin éxito, ya que el Tribunal Supremo ratificó la negativa de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado mes de abril  basándose en un examen en el que se le preguntaba sobre la actualidad política. "Si me hacen el examen que le hicieron a ella, tal vez también lo hubiera suspendido”, asegura Mar Camaño, la madre de Mara.

Tras la decisión del Supremo, los padres de Mara elevaron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Ahora acaba de ser noticia que el Constitucional ha rechazado admitir a trámite dicho recurso, pero con el voto particular de la vicepresidenta del tribunal Adela Asúa que ha mostrado su "perplejidad", lamenta que en esta cuestión el Constitucional "haga dejación de sus funciones y se remita, sin más, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo" y asegura que se ha perdido la oportunidad de resolver un asunto "de gran relevancia constitucional".

El informe del fiscal va en la misma línea, en él sostiene que "no parece haberse valorado adecuadamente la petición realizada por la interesada de su voluntad de seguir votando".

Juan Jesús Martínez, presidente de Down Compostela y tesorero de Federación Down España, asegura que la decisión del Constitucional supone “una profunda decepción porque ha perdido la primera oportunidad que se le presentaba para analizar en profundidad la situación que está afectando a las personas con discapacidad privadas de voto. Al Tribunal Constitucional le ha faltado valentía”. Añade que “el hecho es que haya discrepancias, que la Fiscalía defendiera la tesis de la familia de que se le restituyera el voto a Mara y que haya un voto particular nos viene a dar un poco la razón. Estamos totalmente de acuerdo con la argumentación de la magistrada Asúa”.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha lamentado que el Constitucional "ignore una vez más los derechos humanos de las personas con discapacidad. La experiencia del sector social de la discapacidad con este Tribunal es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad".

Más directo ha sido en su valoración el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, que en declaraciones a la Cadena Ser ha dicho que "a veces el Tribunal Constitucional sale por peteneras. Se impide a personas con discapacidad intelectual leve poder votar y es curioso que esa misma ley permite a esas personas poder presentarse a las elecciones".

El caso de Mara tiene una trascendencia importante que la magistrada Asúa reconoce en su voto particular: "pues va más allá del caso concreto, por afectar a un importante colectivo en situación de especial vulnerabilidad por razón de su discapacidad, que se ve privado de la posibilidad de ejercer un derecho fundamental tan básico".

Más de 96.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo están en la misma situación que Mara y no pueden votar en España, según los datos del censo electoral recogidos por Plena Inclusión, que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Juan Jesús Martínez  explica que “la familia está decidida a seguir adelante, a acudir a Estrasburgo, y contará con nuestro apoyo y el de CERMI. De hecho la propia magistrada Asúa les anima a ello”.

La madre de Mara lo confirma: "Teníamos la esperanza de que llegar al Constitucional le diesen la razón y se acabara este proceso. Nos parece una discriminación total, es un derecho que ella expresó que quería mantener y seguiremos adelante".