Carmen Piquer, de 44 años, ha dejado de formar parte de los más de 96.000 incapacitados que no pueden votar en España, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Con 26 años, un juez sentenció la modificación judicial de su capacidad y, con ella, también perdió el derecho de sufragio.

Casi dos décadas después, ha conseguido recuperar la posibilidad de votar tras un procedimiento judicial. De la mano de Som – Fundació catalana tutelar Aspanias, se zambulló en una batalla legal de dos años de duración para recuperar el derecho a voto motivada por el deseo de "participar en la vida política", explica ella misma.

La incapacidad es un mecanismo jurídico que suelen pedir los familiares de personas con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo para protegerlas legalmente. El cambio permite que el afectado cuente con los representantes legales y la debida asistencia, pero también puede ocasionar la pérdida del derecho a voto.

Actualmente, existe un contexto legislativo que genera sentencias muy dispares. Mientras casos como el de Carmen reciben una respuesta positiva de los juzgados de primera instancia, otros afectados deben recurrir las sentencias y, en ocasiones, obtienen fallos en contra. Es el caso de Mara, una joven de 20 años que ha recibido la decisión negativa del Tribunal Constitucional ante el recurso que interpuso su familia para que pudiera votar después de que se le otorgara una incapacidad parcial.

"Una de las características del procedimiento de modificación de la capacidad es que las sentencias son revisables", explica Torcuato Recover, de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Los afectados pueden pedir un cambio en la sentencia.

En cambio, el juez que estudió el caso de Carmen aceptó su petición a la primera y, aunque el proceso se demoró y tuvieron que volver a reclamar, en mayo de este año se le devolvió el derecho tras la estimación positiva de un juzgado de primera instancia. Las anteriores elecciones generales, en junio de este año, fueron las primeras en las que acudió a las urnas. "La experiencia ha sido muy bonita", afirma la mujer. "Me siento super bien, una más".

A su lado ha estado Eliselda Blasco, su tutelar referente. "El forense vió que Carmen tenía inquietudes políticas, que sabía lo que era un partido político", explica Blasco.

Durante el proceso de recuperación del voto, los solicitantes deben responder a las preguntas de un médico forense que evalúa su competencia y conocimiento como electores. Piquer cuenta que le preguntaron sobre los partidos políticos que hay en España, por los tradicionales y por los nuevos. "No me pareció difícil", recuerda.

Es precisamente este examen el criticado por las asociaciones. "Muchos de nosotros adoptamos la decisión de usar nuestro derecho de sufragio por razones a menudo superficiales", explica Recover. "¿Por qué exigir un mayor discernimiento o conocimiento para otros ciudadanos?"

Según el abogado del caso, Antonio Ferrer, no todos los afectados tienen la misma suerte. "Hay de todo, hay concesiones, también hay denegaciones", explica. "En el caso de Carmen no llegamos a la Audiencia Nacional, pero en otros casos sí porque a veces se deniega la demanda al principio”. Sin embargo, señala que la tendencia es que se los demandantes acaben recuperando su derecho, aunque con la sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional en el caso de Mara puede invertirse esta inclinación.

Piquer asegura que le interesa y le gusta la política y defiende que las personas con discapacidad puedan votar. "Todos tenemos derecho a participar de la vida pública", manifiesta.