El juez Álvaro Martín, que procesó a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, ha dejado hoy el puesto de refuerzo que ocupaba desde septiembre de 2013 en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla.

Una vez concluida la comisión de servicios por la que ocupó el cargo, y tras rechazar pedir una prórroga, el juez tiene previsto regresar al juzgado de lo penal 2 de Sevilla, que dejó para reforzar el juzgado de los ERE mientras aún lo dirigía Mercedes Alaya.

Martín, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental, se hizo cargo de los asuntos ordinarios del juzgado cuando Alaya era su titular, condición que perdió en junio de 2015, cuando la magistrada pasó de forma voluntaria a la Audiencia de Sevilla.

La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, le encargó hace un año a Martín instruir las primeras seis piezas piloto de los ERE para acelerarlas. Entre las seis que le encomendaron estaba la denominada pieza política, en la que finalmente procesó a Chaves, a Griñán y a otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, seis de ellos consejeros, por el procedimiento empleado en conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis.

A Martín también le correspondieron las piezas de las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras así como las relativas a las ayudas públicas que recibieron las empresas ACYCO, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre. De todas ellas, el juez Martín ha concluido tres y ha dictado auto de procesamiento en la pieza política y en la de ACYCO y Surcolor, en éstas con 26 y 16 imputados, entre ellos varios ex altos cargos.

Martín no ha podido enviar la causa a la Audiencia de Sevilla porque faltan escritos de defensa de los políticos acusados.

En la pieza política, el juez Martín dictó en noviembre pasado un auto por el que decretó la apertura de juicio oral por prevaricación contra Chaves, presidente andaluz entre 1990 y 2009, y contra Griñán, que presidió la comunidad de 2009 a 2013, por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación.

La Fiscalía pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán, una pena superior a la de Chaves, para el que solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y nada de prisión, debido a la actuación del primero cuando fue consejero de Hacienda.

El auto de apertura de juicio oral recoge también un presunto delito de asociación ilícita para los 26 ex altos cargos e incluye además la petición de una fianza que asciende a 4.214.702 euros para Griñán para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.

El PP de Andalucía, que asumió la petición de la Fiscalía, solicitó además dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos, junto a los otros 24 encausados, cometieron un delito de "asociación ilícita", mientras que la Junta de Andalucía, que es acusación particular, no acusa a los expresidentes.