La norma continua su tramitación con mayor celeridad por el pacto alcanzado por el PSOE con todos los grupos salvo el PP y ERC.
Aún así, el apoyo a la ley no está garantizado, puesto que tanto IU-ICV, que calificó el texto como 'punto de partida', como CiU han reiterado en diversas ocasiones que sólo darán un sí global si se introducen mejoras en los últimos pasos de la tramitación.
En la comisión, el diputado socialista Diego López Garrido aseguró que la ley 'no va contra nadie'.
'Están acogidas todas las personas que sufrieron algún tipo de daño como consecuencia de acciones injustas en cualquiera de las dos zonas de la guerra y en la represión posterior', matizó el líder socialista.
La opinión del Partido Popular fue radicalmente opuesta. El diputado Jorge Fernández Díaz aseguró en el debate que esta ley 'dinamita el espíritu de la Transición y el pacto de la Constitución de 1978'.
Según Fernández Díaz ha habido una clara voluntad de marginar al PP con un 'cordón sanitario' y presentar la ley como una política en la que 'los que se oponen son unos facciosos, franquistas y fachas, y los otros, los progresistas'.
El texto resultante tras la aprobación de las enmiendas de los grupos parlamentarios presenta cambios en el proyecto original como la ilegitimidad de los tribunales franquistas, así como sus sentencias. Éste fue uno de los puntos clave de las negociaciones de socialistas con IU, que finalmente consideraron que esta ilegitimidad abría las puertas a la revisión jurídica de los casos particulares.
Otro de los aspectos más conflictivos es el de la retirada de símbolos. A la retirada por parte de las administraciones públicas de todos los símbolos y monumentos que supongan una exaltación de la guerra civil o la represión, se suma la que deberán llevar a cabo los propietarios particulares si quieren continuar manteniendo subvenciones públicas.
Los grupos parlamentarios pueden mantener las enmiendas que no han sido aprobadas y recuperarlas la última semana de octubre cuando el dictamen se apruebe en el pleno. A continuación, el texto será remitido al Senado para su posterior devolución y votación definitiva en el Congreso de los Diputados.
/Por Edgar Aribau/
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