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Valencia podrá cobrar las multas a vecinos de otros municipios a principios del próximo año

Multas
Multas (CLIPSET)
  • Un convenio suscrito con el Consell permitirá hacerlo desde 2017.
  • El Ayuntamiento no puede embargar de una cuenta bancaria domiciliada fuera de su término municipal, lo que hace que los infractores acaben sorteando la sanción.
  • La ciudad deja de ingresar un millón de euros al año por este concepto.

Un conductor de un municipio cercano a Valencia recibe una multa de tráfico por una infracción cometida en la capital, pero la acaba rompiendo, sabedor de que no la tendrá que pagar. ¿La razón? Muy sencilla: el Ayuntamiento de Valencia no puede ejecutar el embargo de una cuenta bancaria e ingresar el importe de la multa si la cuenta está domiciliada fuera de su término municipal, lo que hace que gran parte de las sanciones no se puedan cobrar nunca. Hasta ahora.

Para poner fin a esta situación, el Consistorio y la Generalitat van a firmar el primer convenio de la historia centrado en la eficiencia de los procedimientos sancionadores. Se hará a través del Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (IVAT) y la medida será efectiva a principios del próximo año 2017.

Fuentes de la Concejalía de Hacienda que dirige Ramón Vilar cifran en aproximadamente un millón de euros el importe total que el Ayuntamiento de Valencia deja de recaudar al no poder cobrar estas multas, una cantidad que podrá recuperar con la puesta en marcha del convenio. Esta cantidad se eleva hasta los 2,5 millones de euros si se tiene en cuenta el periodo de tres años durante el cual las sanciones se pueden cobrar con carácter retroactivo, según las mismas fuentes.

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, asegura que este dinero se podría "invertir en aspectos de Bienestar Social, entre otras materias". Según explica Ferrando, el convenio de entre el Ayuntamiento de Valencia y el IVAT establece que la Generalitat aplicará por un lado un coste por inicio de la gestión de 3 euros por cada deuda incorporada al sistema y, de la otra, un coste de la gestión realizada de un 1% sobre los importes cargados incorrectamente, así como un 3% de los importes efectivamente recaudados como consecuencia del procedimiento de embargo.

El concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, sostiene que no se trata de una acción con afán recaudatorio, sino "de una cuestión de justicia, puesto que no tiene sentido que una persona de fuera de la ciudad pueda venir a Valencia, cometer infracciones y después no tener que pagar la sanción correspondiente, a diferencia de lo que ocurre con los vecinos de Valencia".

Galiana explica que el Ayuntamiento y la Generalitat han trabajado "codo en codo para solucionar un problema que trae muchos años guardado en un cajón", mientras que Ferrando manifestó que el "poco dinero con que contamos los valencianos hay que gestionarlo de la manera más eficiente posible. Por eso esperamos que poco a poco el resto de ayuntamientos puedan adherirse a convenios similares".

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