El magistrado que investiga el caso de Nadia Nerea, la niña con tricotiodistrofia cuyos progenitores están siendo investigados por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico, ha solicitado al Registro Civil de Palma de Mallorca el certificado del nacimiento de la menor, el testimonio del cuestionario de declaración de nacimiento y el informe del médico que la atendió y también ha pedido de oficio un informe del médico forense sobre su salud.

El juez también ha pedido información al centro escolar en que estaba escolarizada, en Organyà (Lleida), sobre sus faltas de asistencia y ha citado a declarar en calidad de testigos a dos profesionales del centro, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d'Urgell ha dado un plazo de una semana para que sean aportados los documentos que pide y en otra diligencia solicita la relación de los alojamientos de los dos investigados en Francia durante los cinco últimos años.

El pasado viernes, el juez acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre de Nadia, Fernando Blanco y decidió dejar a la madre, Marga Garau, en libertad provisional con suspensión de la patria potestad de la niña.

En su auto, el juez considera que la niña podría haber alcanzado la condición de víctima, al haber podido sufrir lesiones psíquicas e incluso físicas si no recibió el tratamiento pertinente, por lo que dictaminó que fuera una tía materna con residencia en Mallorca la que tenga la custodia de Nadia proponiendo un régimen de visitas de fines de semana de viernes a domingo en presencia familiar materna.

El magistrado de la Seu d'Urgell también ha acordado diligencias encaminadas a conocer el patrimonio de los padres.

Por ello, ha pedido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la localización y gestión de los bienes (incluyendo cuentas bancarias y otros productos financieros) de los padres de la niña, Fernando Blanco y Margalida Garau, y de la Fundación que lleva el nombre de la niña, ha informado en un comunicado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El magistrado también ha autorizado a la oficina a recabar informes en la base de datos de la Agencia Tributaria, también en la base de datos notariales y en la Tesorería General de la Seguridad Social.