En 2017, el precio del transporte público del área metropolitana de Barcelona no subirá, según el acuerdo que han alcanzado este lunes tres administraciones catalanas: el Ajuntament, la Generalitat, y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El anuncio lo han realizado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que han comparecido en rueda de prensa junto al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y al vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda.

Será el tercer año en el que no se incrementan las tarifas del transporte después de que estas subieran de media un 3,5% en el año 2014. La subida de la T-10 -el título más utilizado-, pasó en 2014 de los 9,80 euros a los 10,30 euros (+5,10%). El billete sencillo de una zona alcanzó los 2,15 euros (+7,5%).  En 2015 se congelaron las tarifas pero bajó la T-10 a los 9,95 euros actuales.

Las administtraciones también prevén promover una tarjeta para episodios ambientales "de extra dificultad" que sea alternativa al transporte privado y ampliar la T-12 gratuita hasta los 16 años de edad del titular y, de esta manera, "cubrir toda la escolarización obligatoria" de los alumnos, ha indicado Colau. En 2016 se amplió la T-12 hasta los 14 años.

Además, la tarjeta TAturat para el colectivo de desempleados pasará a tener el coste de una T-10 (9,95 euros) y se podrá utilizar durante todo un mes. El 80% del movimiento en transporte público de toda Cataluña se produce dentro del área gestionada por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

El president Puigdemont, por su parte, ha destacado que estas medidas provocarán un incremento del coste del sistema de transporte público en 20 millones de euros, que asumirán las administraciones para que no repercutan a los ciudadanos, y ha exigido al Gobierno central que "asuma la parte que le tocaría", diez millones, la mitad del total. Desde Cataluña han solicitado una reunión con el ministro Cristóbal Montoro.

El acuerdo al que han llegado este lunes prevé que el coste de la congelación de tarifas los asuman en un 51% la Generalitat, un  25% el Ajuntament y un  25% el AMB. El resto, piden que sea el Estado el que asuma su parte y para ello han solicitado una reunión con el ministro Montoro.

En palabras de Colau, mientras que en 2008 la Generalitat, el Ajuntament y la AMB aportaron al transporte público 255, 89 y 71 millones de euros, respectivamente, para 2017 se han incrementado las partidas hasta los 350, 128 y 108 millones de euros. En cambio, el Estado ha pasado de aportar 173 millones de euros en 2008 a solo 98 millones (75 milllones menos). De ahí, que desde Cataluña se pida a la administración central que en 2017 aporte 10 millones de euros adicionales, hasta los 108 millones de euros, y alcanzar los 147 millones de euros en 2018.

El conseller de Territori, Josep Rull,ha pedido este lunes que el Gobierno contemple que el sistema integrado de transporte público incluya no únicamente las siete comarcas correspondientes a la primera y la segunda corona de Barcelona sino que llegue hasta las 13 comarcas incorporando el Bages, el Anoia, el Berguedà, Osona, el Moianès y el Ripollès, todas ellas de la provincia de Barcelona.

También ha hablado de la necesidad de que el Estado haga sus aportaciones a la ley de financiación del transporte público catalana.