El Gobierno ha remitido este viernes a Bruselas la actualización del plan presupuestario (draft budgetary plan) del año 2017 que incluye la revisión del cuadro macroeconómico y las nuevas medidas tributarias, de mejora de aprobación de los tributos y de lucha contra el fraude que tendrán un impacto de 7.500 millones de euros, para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% el próximo año.

Para lograr la anunciada recaudación adicional en el Impuesto sobre Sociedades de 4.655 millones de euros se limita la compensación de bases imponibles negativas y se recortan ciertas deducciones relacionadas con la doble imposición de dividendos, entre otras.

La subida de los impuestos al tabaco y al alcohol recaudará otros 150 millones y la de las bebidas azucaradas —el tributo se regulará legalmente a lo largo de 2017— aportará otros 200 millones. Hasta aquí, lo que se había anunciado. Pero el plan presupuestario habla de 850 millones de recaudación en impuestos especiales y medioambientales. La diferencia son los 500 millones que se esperan obtener por impuestos medioambientales, una partida que no se anunció en el pasado Consejo de Ministros.

El documento señala que España pondrá en marcha una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y para lograr una progresiva convergencia con la media de la UE en tributación ambiental. Los ingresos procedentes de impuestos ambientales representaban en España el 1,85 % del PIB en 2014 —cifra claramente inferior al 2,46 % de media del conjunto de la UE.

El Gobierno espera recaudar otros 150 millones de euros mediante una modificación de la regulación de la publicación de las listas de morosos a la Hacienda Pública que prevé la posibilidad de no incluir en esa relación a quienes efectúen el pago, incluso tras haberles sido comunicada su próxima inclusión en dicho listado.

También se ha modificado la regulación de la publicación de los listados de deudores para incluir a los responsables solidarios y subsidarios.

Otras medidas para aumentar los ingresos y, por tanto, ayudar a reducir el déficit público, se refieren a la lucha contra el fraude fiscal. En esta materia se inscribe un nuevo sistema de suministro inmediato de información en el IVA que proporcionará 350 millones adicionales en 2017 y otros tantos en 2018, según los cálculos del Gobierno.

Este sistema obligará a las grandes empresas a remitir a partir del 1 de julio de 2017 el detalle del registro de facturas que se deben hacer constar en el Libro Registro de facturas del IVA en un plazo de 4 días. Además, durante el segundo semestre también deberán suministrar a Hacienda la información del primer semestre del ejercicio.  También se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo

También en materia fiscal el Ejecutivo, como se anunció en el Consejo de Ministros, prorroga en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualiza los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se suman a las medidas aprobadas para mejorar la aplicación de los tributos que realizan las administraciones tributarias.

Concretamente, se suprimirá la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas, en particular las correspondientes a impuestos repercutidos no ingresados previamente por los contribuyentes (IVA), a pagos fraccionados o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso, lo que supondrá una anticipación de ingresos por importe de 1.500 millones anuales.

El Ejecutivo también se compromete con Bruselas a la ejecución de un Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública para el período 2017-2019 que se vertebrará a través de un conjunto de medidas que supondrán un ahorro total estimado de 900 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas.

El gasto de las administraciones disminuirá en las tres grandes partidas: en Educación pasará de un 9,51% de este año a un 9,45% en 2017 (3,9% del PIB); el de Sanidad del 14,4% al 14,34% (5,92% del PIB), y el de Empleo del 4,97% al 4,65% (1,92% del PIB). No obstante, en términos homogéneos se eleva el gasto en Educación (45.382 millones, un 0,5% más), Sanidad (68.840 millones, un 0,7%) y protección social (191.294 millones, un 1,8%).

También sube en servicios públicos generales (68.946 millones), defensa (10.499 millones), orden público y seguridad (21.284 millones), protección del medio ambiente (9.450 millones), vivienda y servicios comunitarios (5.361 millones), actividades recreativas, cultura y religión (12.452 millones); mientras que disminuye en asuntos económicos, hasta 46.483 millones.

Además, el Gobierno va a llevar a cabo un proceso de revisión del gasto en el conjunto de las administraciones para mejorar su eficiencia, para lo cual encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de dicho análisis, contratando en los aspectos en que resulte necesario la colaboración de medios externos.