El Ayuntamiento de Villar de Cañas ha presentado este miércoles recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Comunidades del pasado mes de octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentado tras el acuerdo tomado la pasada semana por el pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC.

El pasado 30 de noviembre se reunió en sesión extraordinaria el Pleno del Consistorio de Villar de Cañas con la asistencia de cinco de sus siete miembros, concluyendo los concejales presentes que el Decreto que ahora se recurre "adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho", ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta zona ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, "evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas excluida de la IBA 192" que carece de valor ornitológico.

"ABUSO DEL DERECHO Y FRAUDE DE LEY"

Desde el Consistorio se aclara además que esta declaración se lleva a cabo "sin elementos esenciales, sin estudios previos, con objetivos genéricos y sin definir, sin señalamiento de límites, ni contenido definidor del territorio al que afecta", razones por las que "no se puede calificar jurídicamente y en términos de defensa, sino como un acto arbitrario de desviación de poder, abuso del derecho y fraude de ley".

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión "cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca".

El Decreto que se recurre "priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medio ambiental", argumentan.

Además, "lesiona la autonomía local de estos ayuntamientos para gestionar los intereses municipales, afecta a sus bienes patrimoniales y al dominio público municipal, altera el orden de competencias entre las Administraciones, atribuyendo a la autoridad medioambiental de la comunidad autónoma competencias, sin haber consultado previamente, ni haber dado a nuestros ayuntamientos una intervención real en la discusión y elaboración del mismo", continúa el acuerdo plenario.

El Ayuntamiento de Villar de Cañas tiene expuesto en su portal de transparencia, http://villardecanas.sedelectronica.es/transparency/843e0339-b707-40cf-bebf-e6d0b4e3b58b/, el contenido del Acuerdo adoptado, así como un Dictamen de la Secretaría del Consistorio del 24 de noviembre elaborado como paso previo a la aprobación de la presentación de este recurso.

En este informe, repasa los antecedentes a la presentación del recurso, recordando como punto de partida que el 17 de julio de 2015 el coordinador de Ecologistas en Acción en Cuenca, Carlos Villeta, envió una carta al Gobierno regional sugiriendo que ampliase esta zona ZEPA, y apenas dos semanas después se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el cual se inician los trámites para tal efecto.

Según la información recabada por Europa Press, los ayuntamientos de Zafra de Záncara y Villarejo de Fuentes ya han adoptado el acuerdo de iniciar acciones judiciales ante esta ampliación de la ZEPA; mientras que Villares del Saz y Saelices van a hacer un requerimiento previo a la Junta para que derogue el Decreto. Si no reciben respuesta en el plazo de un mes, elaborarán un recurso contencioso-administrativo con el mismo objetivo.