Esta apreciación forma parte del informe que FADE ha remitido a la comisión parlamentaria que analiza estos días el proyecto presupuestario, después de que su director general, Alberto González, haya informado de que declina hacer la clásica intervención inicial al interpretar que con el formato decidido en el parlamento no le daba tiempo.

El informe de FADE también critica la política fiscal del Gobierno asturiano. La única novedad que incluye el Ejecutivo se refiere al impuesto de Sucesiones, elevando el mínimo exento a 200.000 euros, pero a juicio de los empresarios consideran la medida "insuficiente" y creen que Asturias sigue en posición de desventaja respecto a otras comunidades autónomas.

Por ello, califican el proyecto de "continuista" y lamentan que se desaproveche la oportunidad que supone la recuperación de los ingresos para hacer una apuesta inversora clara.

FADE refleja en su documento que frente a los 3.482 millones que supone el gasto corriente, la dotación para inversiones se queda en 310,8 millones.

"Nuestra reclamación de mayor inversión no es un capricho. Los fondos destinados a inversiones no sólo contribuyen a generar actividad y empleo en el momento en que se ejecutan, sino que son imprescindibles para mejorar nuestra competitividad a medio y largo plazo", argumentan.

Sobre las partidas calificadas de 'carácter social', que suponen el 74% del presupuesto, FADE apuesta por mejora la "eficiencia", con procesos de "evaluación de resultados". De esta forma, llaman a considerar iniciativas que permitan mejorar los modelos de gestión y actuación para que esas dotaciones puedan ser "sostenibles".

También reclaman al Gobierno más "intensidad" y "agilidad" en todo lo referente a la promoción económica. "Las políticas orientadas a dinamizar la investigación, el desarrollo y, particularmente, la innovación y la internacionalización, deben ser prioridades claras para la región y tener un reflejo acorde en los presupuestos", señalan los empresarios.