Igualmente, se intensificará la cooperación y el intercambio de información para incrementar la eficacia de las actuaciones de la Inspección de Trabajo mediante un nuevo convenio de colaboración entre el Estado y el Ejecutivo autonómico que se firmó el 26 de septiembre.

El acuerdo, que da cumplimiento a la nueva Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, contempla la designación de la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, como autoridad autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en las materias de su competencia, y la creación de una comisión operativa bilateral, que se reunirá cada seis meses para impulsar y realizar el seguimiento de los objetivos que se establezcan.

En su última reunión, celebrada este mes de diciembre, la Comisión Territorial ha aprobado la realización de 74 líneas de trabajo o campañas dando carácter prioritario a la tramitación de 12.885 expedientes para la consecución de objetivos específicos.

En 2017 se continuará con las actuaciones orientadas a mejorar la calidad del empleo, vigilando el respeto de los derechos básicos de los trabajadores en materia de contratación, salarios, horario de trabajo, condiciones de seguridad y protección social. Las actuaciones de control se completarán con labores de información y asistencia técnica y con el fomento del cumplimiento voluntario de las normas.

En prevención de riesgos laborales se realizarán 2.290 expedientes distribuidos en 29 campañas, prestando especial atención a los sectores con mayores tasas de accidentalidad y de mayor gravedad, a los objetivos que se definan junto con los interlocutores sociales en el marco de la futura estrategia Aragonesa sobre seguridad y salud en el trabajo, y se investigará el mayor número posible de accidentes, incluyendo las afecciones no traumáticas.

CONTROL DE LA TEMPORALIDAD

En el ámbito de las relaciones laborales y el empleo, 2.446 inspecciones se orientarán de manera preferente al control de la temporalidad en la contratación, la vigilancia del tiempo de trabajo, especialmente los excesos de jornada y contratos a tiempo parcial, la correcta aplicación de la ayudas a la contratación y a la formación profesional, y la vigilancia del principio de igualdad.

La lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo no declarado se organizará mediante la programación de 2.532 expedientes en base a los acuerdos alcanzados con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria; y mediante la realización de 5.617 controles de economía irregular.

Estas acciones tienen como finalidad la detección de deficiencias de cotización de las empresas, encuadramientos indebidos, empresas ficticias, prestaciones indebidas y el afloramiento de los trabajadores a los que no se reconoce su alta en la Seguridad Social o sólo se realiza parcialmente.