El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto limitar los aforamientos a los 2.000 cargos políticos que en la actualidad disfrutan de esa condición, prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y regular la actividad de los lobbies ante el "vacío" legal que existe hoy en día.

Catalá se ha referido así durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para exponer la hoja de ruta de su departamento en esta legislatura, entre ellas, las propuestas normativas en materia de lucha contra la corrupción.

Sobre los aforamientos, el ministro ha explicado que la limitación "podría" alcanzar aproximadamente a los 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados.

Eso sí, ha confesado las "implicaciones de técnica legislativa ciertamente complejas" que tendría este proyecto, por cuanto afecta a la Constitución y a los propios Estatutos de Autonomía.

Con la misma "firmeza", ha propuesto articular una ley que recoja la prohibición de indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".

"Lo que planteo, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica: no conceder indultos a condenados por corrupción", ha precisado el titular de Justicia.

Catalá ha cerrado su propuesta en esta materia con un llamamiento a los grupos parlamentarios para regular la actividad de los lobbies en todo el país de manera que se termine con el "vacío" normativo que existe en España; al tiempo que les ha planteado una mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción.

En su comparecencia, el ministro también ha afirmado que está dispuesto a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los elijan directamente los jueces y ha propuesto cambiar el proceso para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS).

Catalá ha asegurado que no tiene "el menor inconveniente" en que se otorgue a los jueces "el máximo protagonismo", un punto "controvertido" en el que, ha destacado, "parece que hay consenso pleno" en este sentido.

"Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada", ha asegurado.

También ha propuesto revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo y ha abogado por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial y se suprima la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de justicia.

Su objetivo, ha dicho, es que reduzca "al límite" la discrecionalidad en el sistema de nombramientos, lo que se haría "introduciendo criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos en su valoración, o bien objetivizando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso".

Dentro de esta reforma, también ha propuesto "regular las denominadas 'puertas giratorias' entre la justicia y la política" para cambiar la legislación actual, que permite que jueces y magistrados alternen su labor jurisdiccional con cargos políticos.

Estas medidas darían una mayor independencia al poder judicial en España, que ya cuenta "con una de las judicaturas más independientes del mundo, hasta tal punto que son las propias asociaciones judiciales las más activas a la hora de proponer líneas de mejora, refuerzo y blindaje", ha dicho.

Para el ministro, también habría que "desjudicializar la política", ya que "la política no se ejerce en los juzgados". "Los tribunales están para otra cosa, para resolver conflictos jurídicos, no disputas ideológicas", ha opinado.

En este sentido, ha propuesto regular la acusación popular, una línea de actuación que "hasta el partido socialista" defendió en su última legislatura de gobierno, ha destacado.

"Estoy seguro de que podremos llegar a un modelo de concertación, de manera que la acusación popular sea lo que de verdad nuestra Constitución quiso que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, no un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales".