Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han detallado que el juez acordó el archivo provisional de la causa a finales del pasado año, al entender que "no hay indicios de hechos constitutivos de delito", una decisión sobre la que presentaron recurso de apelación desde Unidad Popular de Aguilar de la Frontera (UPOA), pero la Audiencia resolvió desestimando el recurso y confirmando el sobreseimiento, que posteriormente el juzgado ha acordado.

En concreto, la causa se inició en 2014 después de que el citado partido acudió al Ministerio Público, que solicitó diferentes diligencias, tras advertir UPOA de la "pasividad" administrativa a la hora de arreglar dos colectores averiados. Dicho partido presentó dos mociones al Pleno, que "contaron con el voto en contra de los demás partidos", apuntó en su momento el portavoz de la formación, Antonio Zurera.

Al respecto, la denuncia de UPOA apuntaba a la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente, pues "la red de saneamiento vierte directamente a los cauces"; un delito defraudatorio, dado que "los vecinos pagan el canon de depuración sin que el proceso se produzca"; un delito contra la salud pública, ya que "los vertidos pueden afectar a zonas de huertas", y a un delito contra la seguridad vial por omisión, debido a que "hay un tramo de carreteras por arreglar".

En este sentido, la Fiscalía realizó una serie de peticiones, como un informe al Seprona sobre la visita de sus efectivos a dos puntos en los que se producían los vertidos. Uno de ellos ubicado en la parte norte, cerca de la carretera de la estación, y el otro a la altura del kilómetro 0,5 de la carretera CO-5212, punto en el que "se evidencia el vertido de aguas al cauce del arroyo de la Huerta del Nido", según se indicaba en la denuncia.