El líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, y su hija han comparecido este viernes por videoconferencia -él desde prisión y ella desde Collado Villalba (Madrid)- en el marco de la causa conocida como de los 'miguelianos', como investigados por supuesto delito contra la Hacienda Pública, delito por el que también son investigados su esposa y su otro hijo.

El Juzgado de Instrucción número uno de Tui (Pontevedra) citó a los cuatro para que declarasen en la mañana de este viernes en relación con estos hechos, si bien sólo dio tiempo a que lo hicieran el propio Rosendo y su hija Verónica, mientras que su hijo Cristian y su esposa Carmen Sánchez han vuelto a ser citados el próximo miércoles.

Según la abogada de la acusación, Ana Reguera, Miguel Rosendo declaró que "no recibió ningún dinero" de las donaciones a la Orden y que él no se encargaba de las cuentas; y, al ser preguntado por cómo justifica las "multimillonarias" obras en su casa y la de su hija, lo ha vinculado a la pensión de invalidez de su hija y a sus ahorros.

Su hija, que había comparecido hace meses como testigo, ha mantenido este viernes que no conocía que tenía varias cuentas a plazo fijo con un total de más de 50.000 euros, y sobre la vivienda de sus padres solamente ha apuntado que fue pagada "con los ahorros de su pensión", de 500 euros.

Ana Reguera ha considerado que, a partir de la declaración de este viernes, "no cabe duda alguna" de que Miguel Rosendo "se ha apropiado de todas las cantidades que los donantes dicen haber dado". "Hay prueba documental, testifical, y su postura de que no sabe nada, que le llevaban las cuentas y que no recibía ni tocaba el dinero, no es creíble", ha sellado.

EL DELITO "NO EXISTE"

Por su parte, la abogada de Miguel Rosendo, María Teresa Quintana-Drake, ha mantenido que el supuesto delito contra la Hacienda Pública "no existe", porque la propia Agencia Tributaria dice en su informe que el patrimonio de los cuatro familiares juntos "excede en 2.000 euros" el límite para poder considerarse como tal, si bien la cantidad debería ser a título individual, "no en conjunto".

Además, en cuanto a las declaraciones de Rosendo, ha dicho que ha dejado "clarísimo" que sabe que había donaciones pero que desconocía los montantes, no las recibía personalmente ni se encargaba de pedir dinero, siendo otras tres personas las que se hacían cargo de ello. "Que digan los tesoreros dónde está el dinero", ha espetado.

Asimismo, ha asegurado que el líder de la Oden ha reconocido que "ganaba muchísimo dinero" cuando trabajaba en la herboristería y, en cuanto a las viviendas, ha defendido que compró el terreno de Mougás en 1994 y "fue construyendo a los largo de muchos años", y que el pago de la vivienda de su hija también "está completamente justificado y documentado".

Precisamente Verónica, quien la abogada ha remarcado que tiene una discapacidad psíquica certificada y por tanto es "inimputable", declaró que no sabe qué cuentas tiene aunque sí conoce que tiene una pensión de unos 500 euros. Además, ha sostenido que su padre le pidió permiso para utilizar dicha pensión como parte para construir su casa. "De lo demás no sabe nada", ha finiquitado la letrada.

PRÓRROGA DE PRISIÓN

Previamente a estas declaraciones, el juzgado ha acogido la comparecencia para decidir sobre la prórroga de la prisión provisional sobre el líder de la Orden, ya que el próximo 14 de diciembre se cumplirán dos años desde el ingreso en prisión provisional de Rosendo. En el acto, tanto la Fiscalía como la abogada de la acusación particular han pedido que se prolongue esta medida.

Así, han alegado la supuesta gravedad delictiva, las penas previsibles y los riesgos de fuga, de reiteración delictiva, y de influir en víctimas y testigos; así como que hace una semana la Audiencia Provincial de Pontevedra denegó su puesta en libertad. Por su parte, la defensa ha solicitado, como en varias ocasiones anteriores, la puesta en libertad de su patrocinado.