A través de su participación en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, España está comprometida con sus socios europeos a proceder a una reducción del déficit público para el año 2017 que sitúe dicha cifra en un 3,1% del Producto Interior Bruto. De acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión Europea, esto supondría un ajuste adicional de alrededor de 8.000 millones de euros sobre lo previsto inicialmente para el año.

Este ajuste, de acuerdo con las declaraciones de Cristóbal Montoro en el marco de las negociaciones presupuestarias para el año que viene, se centrará tanto en una modificación del impuesto de sociedades como en un incremento de ingresos vía impuestos especiales: alcohol, tabaco, y una novedad, un impuesto sobre bebidas azucaradas. Este grupo de productos tiene varias características que los unen: en primer lugar, su consumo da lugar a efectos negativos en la salud o el medioambiente, y por lo tanto, reducir su consumo o que dicho consumo sea compensado por ingresos públicos que permitan contrarrestar sus efectos perniciosos tiene sentido en sí mismo.

En segundo lugar –salvo, quizá, las bebidas azucaradas–, son bienes considerados inelásticos, esto es, que una subida de sus precios vía impuestos no significa un descenso proporcional en su consumo. La doctrina impositiva nos dice que son los impuestos sobre este tipo de bienes los más idóneos para aumentar la recaudación.

Según datos de la Agencia Estatal de Administración tributaria, en 2015 los impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas y combustibles supusieron 7.600 millones de euros, esto es, alrededor de un 4% del total de los ingresos impositivos. La cuantía mayor corresponde a los impuestos por el tabaco, que proporciona seis mil millones; el resto corresponde a las bebidas alcohólicas.

La composición de estos impuestos varía en función de su naturaleza, y al fijarse sobre cantidades –litros, cigarrillos– su porcentaje sobre el precio final varía cada año. En 2015, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas supuso un 26,8% del precio de venta al público (menos de un 1% si se trata de cerveza), mientras que el impuesto más alto es el impuesto sobre el tabaco, que supuso en 2011 un 62% sobre el precio de venta al público.

Calcular el impacto de estos impuestos sobre las economías familiares depende efectivamente del consumo que las familias realicen sobre estos productos. En 2015, según la agencia tributaria, se vendieron 2.144 millones de cajetillas de tabaco, lo cual supone un gasto medio por persona de 209 euros, de los cuales 149 euros fueron impuestos. Las cifras se incrementan si tenemos en cuenta solo a los fumadores. De acuerdo con Eurostat, un 29% de los mayores de 18 años son fumadores. Incorporando esta variable en la ecuación, en España hay 10 millones de fumadores, que consumen de promedio 962 euros anuales y pagan 650 euros anuales de impuestos especiales.

Realizando el mismo cálculo para las personas que declaran beber alcohol (un 65% de la población mayor de 15 años), el consumo promedio por bebedor sería de 292 euros anuales, y los impuestos pagados ascenderían a 41 euros por persona.

Dado que según las declaraciones del responsable de Hacienda, el gobierno pretende recaudar hasta 2.000 millones de euros anuales con las subidas de estos impuestos, y suponiendo una subida anual lineal, esta subida supondría alrededor de un 30% de incremento.

Si así fuera, el fumador promedio pagaría en 2017 unos 195 euros más de impuestos y el consumidor de alcohol promedio pagaría alrededor de 12 euros más por persona. Quien cumpliera los dos requisitos (además de correr un grave riesgo para su salud) podría estar pagando, de promedio, unos 207 euros anuales adicionales.

Este escenario cambia con la incorporación del impuesto sobre bebidas azucaradas. De acuerdo con la encuesta de presupuestos familiares, se consumen en España alrededor de 2.100 millones de litros anuales de refrescos. Si el impuesto sobre este tipo de bebidas establece un tipo similar al de las cervezas, 9 céntimos por litro, se podrían generar alrededor de 189 millones de euros anuales solo con esa figura impositiva. Dado que según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, hasta un un 25% de la población española declara consumir habitualmente este tipo de bebidas, nos encontraríamos con un ingreso adicional promedio de 16,29 euros anuales por bebedor de refrescos.

En conclusión, el impacto de los nuevos impuestos sobre las familias dependerá, obviamente, de sus hábitos de consumo. Una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos menores) con un fumador habitual y en la que la ingesta de alcohol de los adultos y de bebidas azucaradas de los menores se situase en el promedio de los consumidores, podría pagar, como promedio, unos 251 euros anuales de impuestos adicionales. Un buen motivo, adicional, para plantearse una vida más saludable.