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AMPL La secretaria de Dopico asegura que la exconcejala dio orden verbal de llamar a Trapur para desratizar

La que fuera secretaria de  Dopico declara en el juicio del caso Trapur
La que fuera secretaria de Dopico declara en el juicio del caso Trapur (EUROPA PRESS)
  • La funcionaria de Castro Urdiales que ejerció la función de secretaria de la exconcejala Elisa Dopico, ha asegurado que al llegar ésta a la Concejalía de Asuntos Sociales en 2003, "se nos da la orden, de forma verbal a todo el departamento", de que se llame a Trapur para los trabajos de desratización, y ha afirmado que se fraccionaba la facturación para no superar la cuantía mínima de contratación.

Esta trabajadora municipal y Dopico se han cruzado denuncias, y la exconcejala fue condenada a dos años por obstrucción a la justicia tras admitir que la amenazó durante la instrucción del caso Trapur, el de la presunta adjudicación a dedo de los trabajos de desratización, cuyo juicio se celebra en la Audiencia. Dopico aseguró este lunes que "se tuvo que declarar culpable aunque no lo era".

Su exsecretaria, Mercedes Expósito, ha declarado este martes, en la segunda sesión del juicio por el caso Trapur, que advirtió a Dopico "muchas veces" que "esto iba mal", porque cuando recibían las facturas de Trapur y las llevaba a Intervención, "además de los reparos correspondientes, el interventor nos daba las voces correspondientes" y advertía que "no las iba a firmar".

Ha añadido que el exconcejal José Miguel Rodríguez se encontró ya "el lío de la división del pueblo en sectores y la facturación fraccionada para no superar la cuantía mínima de contratación". Expósito, que ha aclarado que Trapur era "eficaz" y hacía los trabajos "con rapidez", ha asegurado que esta empresa no trabajó para la Concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales hasta la llegada de Dopico en 2003.

Ha añadido que al volver de una baja de cinco meses, cuando el entonces alcalde, Fernando Muguruza, ya había cesado a Dopico, fue a hablar personalmente con el regidor para advertirle de irregularidades en la contratación en esta concejalía, que entonces estaba sin concejal.

"Era una patata caliente coger esta concejalía", ha explicado, a lo que añadió que fue "un calvario" trabajar con Dopico, y que su sucesor, Rodríguez 'KyK', entonces concejal de Hacienda, "puso normalidad y calma en aquel desasosiego".

Expósito, que era la secretaria de la comisión informativa del área y hacía las actas, ha señalado que si algún grupo dijo en su momento algo sobre las facturas de Trapur, estaría reflejado en las actas pero "¿quién iba a decir nada?, ha dicho la testigo, que no ha querido matizar el significado de su afirmación. También ha dicho que muchas facturas "ya estaban pagadas antes de ir a la Junta de Gobierno".

TRES INTERVENTORES

En la sesión de este martes han testificado dos de los tres interventores que ejercieron entre 2003 y 2005, uno de ellos de forma accidental durante las bajas del entonces titular de la plaza, Fernando Urruticoechea. La declaración de este último estaba prevista para este martes por videoconferencia desde Murcia, pero se ha ido dilatando a lo largo de la mañana y finalmente no se ha podido efectuar por problemas técnicos.

Urruticochea tiene este miércoles un impedimento médico, por lo que a menos que la fiscal renuncie a este testigo, parece que su declaración tendrá que trasladarse al jueves aunque el juicio estaba previsto que terminara mañana.

El exinterventor fue inicialmente acusación particular en el caso Trapur pero perdió dicha condición al no aportar la fianza reglamentaria, lo que a su vez derivó en la desimputación del entonces alcalde, Fernando Muguruza, sobre el que no pesaba más acusación que la suya.

Gregorio Alceda, que ejerció de interventor accidental durante las bajas de Urruticoechea, ha confirmado que presentó tres reparos en marzo de 2004, siendo Dopico concejala de Sanidad, y en abril de 2005, ya con Rodríguez, porque el importe acumulado de las facturas de Trapur superaba lo establecido en la Ley de Contratos y existía un "incumplimiento" de esta normativa por "faccionamiento del gasto". En esos reparos se instaba la apertura de un expediente de contratación para sacar a concurso el servicio de desratización.

Fernando Martínez de Arriba, que fue interventor desde junio de 2005 hasta enero de 2006, emitió otro reparo en diciembre de 2005 "por 16 facturasa de servicios pedidos fraccionadamente que por su cuantía debían salir a contratación". Según ha declarado, el alcalde levantó el reparo, las facturas se pagaron y a él le comunicaron que ya se estaba tramitando el expediente de contratación.

CONTRATACIÓN

Por su parte, el secretario municipal, Carmelo Cano, a quien le encargaron en mayo de 2005 la redacción del pliego de cláusulas administrativas, ha asegurado que no recibió ninguna indicación para que Trapur tuviera un trato distinto, y que desconoce si la técnico de Sanidad, Iciar Muruaga, también imputada en esta causa, y a quien de encargó el pliego de condiciones técnicas, fue "presionada".

Cano ha dicho que el hecho de que esta persona fuera la que encargaba los trabajos a Trapur, y su petición de que se siguiera haciendo así mientras se tramitaba el concurso, no es motivo para excluirla del proceso de valoración. "Es algo perfectamente normal", ha dicho.

Por su parte, la responsable de CTS, empresa que tenía adjudicado el contrato de desratización hasta finales de 2003, ha señalado que cuando el contrato estaba aún en vigor -tras la llegada de Dopico-, el Ayuntamiento lo rescindió basándose en una inspección de otra empresa según la cual los trabajos de desratización no estaban bien hechos, empresa que "curiosamente es la que luego sustituye a CTS" en el Ayuntamiento, ha dicho en alusión a Trapur.

Por último, el entonces concejal responsable de las Pedanías, Pedro Revuelta, ha dicho que desconoce de quién partió la idea de dividir el pueblo en sectores, y ha asegurado que él no ordenó la desratización de las pedanías, salvo de dos de las que llegaron "denuncias urgentes".

Los propios acusados y buena parte de los testigos han incidido en la gravedad del problema de ratas que padecía Castro Urdiales en aquella época, que algunos han asociado al movimiento de tierras asociado al boom de la construcción y otros a la sequía.

Dopico se enfrenta a dos años y un mes de prisión, 27 años de inhabilitación y una multa de 203.000 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito continuado de prevaricación.

Para Rodríguez López el fiscal pide diez meses de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros por tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación; y para la exveterinaria municipal, siete años de inhabilitación por prevaricación.

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