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El Parlament aprueba la creación de la Oficina de lucha contra la corrupción de Baleares

  • El pleno del Parlament de este martes ha aprobado la Ley que contempla la creación de la Oficina de lucha contra la corrupción de Baleares que, según ha declarado la consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, tiene como objetivo "fomentar los valores de la ética publica y la integridad, impulsar buenas prácticas, llevar a cabo seguimiento de las obligaciones que establece la legalidad vigente y prevenir y estudiar" praxis contrarias a ésta.

Después de que la Cámara haya rechazado pedir un informe al Consell Consultiu sobre esta Oficina y que se hayan rechazado las enmiendas que todavía permanecían vivas al texto, el pleno ha

aprobado el texto de la Ley, por lo que la sesión ha concluido con un aplauso.

Durante el debate, el parlamentario del PP Juan Manuel Lafuente, grupo del que permanecían dos enmiendas vivas durante el pleno, ha pedido que la Oficina sea un instrumento válido para las otras administraciones y que pueda realizar informes, así como que las administraciones objeto de la Ley puedan pedir el inicio de los expedientes de investigación.

PP: "SE HA PERDIDO LA OPORTUNIDAD DE CREAR UNA OFICINA INDEPENDIENTE"

Según Lafuente, con esta Ley el Govern ha perdido la oportunidad de crear una Oficina "independiente y autónoma" y ha considerado que el sistema de elección del director de la Oficina representa un "error que difícilmente podrá subsanarse y corre el peligro de ser usado por la mayoría" de la Cámara, ha dicho antes de explicar que los 'populares' votarán en contra del régimen sancionador establecido en el texto.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (C's), Xavier Pericay, ha defendido las seis enmiendas de su grupo que continuaban vivas en el debate. Además, tanto Pericay, quien ha criticado las "prisas" en la aprobación de la Ley, como el diputado del PI, Jaume Font, han censurado, como el PP, la forma de elección del director de la Oficina.

Por parte de Podemos, Aitor Morràs, quien ha citado los diferentes casos de corrupción que han afectado al PP de Baleares, ha considerado que con la creación de esta Oficina "venimos a recuperar derechos". Según ha manifestado, "la corrupción tiene como contrapartida a la fiesta que se pegan corruptos y corruptores unas consecuencias nefastas para la ciudadanía, hay mucho dinero de la comunidad que se ha perdido por las alcantarillas de la corrupción".

MÉS: UNA HERRAMIENTA PARA LUCHAR CONTRA LA "PLAGA" DE LA CORRUPCIÓN

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, quien ha señalado que la corrupción es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, ha considerado que se debe "luchar activamente" contra esta "plaga" y esto se debe hacer con instrumentos concretos como esta Oficina, "una herramienta necesaria que a partir de hoy será una realidad".

Abril ha subrayado que Baleares será "una de las primeras CCAA en comprometerse contra la corrupción" y ha asegurado que el texto ha contado con "un alto nivel de consenso, aunque haya sido por aquello de que es difícil defender que se está en contra de la lucha contra la corrupción", ha dicho.

El econacionalista ha negado que hayan existido "prisas" en la aprobación de la Oficina y ha entendido que la oposición ha utilizado "argumentos demasiado infantiles" para desacreditar este nuevo instrumento.

En un sentido similar se ha manifestado también el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, quien ha destacado que la Oficina debe ejercer sus funciones con total independencia de la Cámara, pese a depender orgánicamente de ésta.

Por parte del PSIB, Vicenç Thomàs ha hecho hincapié en que el director de la Oficina tendrá capacidad de gasto y ha indicado que el ámbito de actuación de la Oficina es "muy amplio" y que debe complementar el trabajo de otros órganos que ya existen, "otras funciones" corresponden a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal, ha añadido. Thomàs ha considerado que el hecho de que su ubicación esté fuera del Parlament contribuirá a su independencia.

La Oficina dependerá orgánicamente del Parlament e incluye sanciones de entre un euro y los 100.000 euros. Además, aumenta los controles a los cargos públicos de la comunidad y recoge medidas para prevenir la corrupción.

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