La Consejería de Sanidad protegerá la identidad de los profesionales con mayor riesgo de agresiones con una placa identificativa en la que conste sólo su nombre de pila y las iniciales de sus apellidos y no todos estos completos.

De esta forma se acepta la propuesta del sindicato de enfermería Satse, que supondrá esta protección de identidad para los profesionales de Urgencias de los hospitales, los de Urgencias de Atención Primaria, los de los servicios de Psiquiatría y los profesionales de las unidades medicalizadas de emergencias.

El director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Rafael López Iglesias, ha concretado que se trata de "poner en una balanza" esta protección pero también la obligatoriedad de identificar a los profesionales, de manera que también otras comunidades barajan tomar medidas similares como utilizar el número de profesional, por ejemplo, aunque hay que tener en cuenta que los pacientes quieren saber quién les trata.

Así se ha decidido la Sección de Agresiones del Observatorio Único de la Comunidad, que ha analizado algunas de las medidas que se llevarán a cabo y los datos de los primeros nueve meses de 2016, en los que las agresiones han crecido un 8 por ciento, un 38 por ciento en el caso de las físicas (pasan de 63 a 87).

Además de la medida citada, Rafael López Iglesias ha adelantado que, tal y como se ha estudiado en la reunión, se pondrá en marcha una nueva campaña de sensibilización similar a la llevada a cabo bajo el lema "espacio de salud, espacio de respeto" con el fin de enviar el mensaje de que una agresión no va a mejorar la asistencia.

La campaña, dirigida fundamentalmente a pacientes y familiares, contará con carteles, dípticos y también con mensajes en medios de comunicación con el fin de insistir en que la agresión "no lleva a ningún puerto". De la misma forma, se llevará a cabo una encuesta anónima a los profesionales para que expresen sus propuestas de mejora y tratar de disminuir el número de agresiones.

Asimismo, se han estudiado otros asuntos como el borrador de un nuevo procedimiento de prevención y gestión de agresiones al personal de centros e instituciones sanitarias con el fin de ordenar todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2008, así como actualizar los contenidos y adaptarlos a las nuevas situaciones y herramientas.

Las modificaciones derivarán del nuevo programa informático Violencia en el Trabajo aprobado por la Dirección General de la Función Pública, en el que se integrará el actual Registro de Agresiones. Rafael López Iglesias ha explicado que se trata de recoger qué hacer antes de una agresión, cuando se produzca y después de la misma, así como qué tienen que hacer los mandos intermedios, las direcciones de los hospitales o los delegados de prevención de riesgos laborales, por ejemplo.

MÁS AGRESIONES REGISTRADAS

Durante la reunión se han analizado los datos provisionales de agresiones a fecha de 30 de septiembre de 2016, tiempo en el que se habían dado en los centros sanitarios pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud 313 incidentes, un 8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior (293), algo que López Iglesias ha atribuido a la sensibilizar al denunciar, algo que cada vez se hace más.

Del total de incidentes, 178 se registraron en hospitales, 132 en centros de Atención Primaria y dos en las Gerencias de Salud de Área. En total, 391 trabajadores sufrieron agresiones en este periodo, la mayor parte mujeres (85 por ciento, 334), algo que López Iglesias ve lógico si se tiene en cuenta que la mayoría se producen a personal de Enfermería, mayoritariamente femenino, pero que además es el que más tiempo pasa con los pacientes.

Del total de trabajadores agredidos 57 fueron hombres y 334 mujeres, es decir, el 0,7 y el 1,20 por ciento de la plantilla, respectivamente. A pesar de ello, Rafael López Iglesias ha asegurado "preocupa muchísimo" esta cuestión y aunque afecta a una pequeña parte de la plantilla no están satisfechos y quieren tender a cero. "Tolerancia cero", ha aseverado el director gerente, quien ha señalado que por ello se trabaja en estrategias de formación a los profesionales y de información a los usuarios.

Por categorías profesionales, 132 de los trabajadores agredidos eran médicos, 148 profesionales de enfermería, 68 técnicos auxiliares de enfermería, 20 celadores y 23 otro personal.

La mayoría de los incidentes en los centros sanitarios fueron de carácter verbal, lo que ocurrió en un 64 por ciento de los casos, mientras que el 19 por ciento fueron psicológicas y el 17 por ciento físicas.

Respecto a estas últimas, el incremento es de un 38 por ciento, al pasar de las 63 que se produjeron en el mismo periodo del pasado año a 87. La mayor parte de estas agresiones físicas tuvieron lugar en las áreas de Psiquiatría (44), mientras que diez se registraron en los servicios de Urgencias, cinco en Medicina Interna, cuatro en las consultas, una en el domicilio del paciente; y las 23 restantes en otros lugares.

Las principales razones por las que se producen las agresiones, ha detallado el director gerente, están relacionadas con la disconformidad con los criterios médicos, altas o bajas laborales, un tema tan controvertido como recetar determinadas marcas de medicamentos o genéricos o con pacientes que son "hiperconsumidores" de recursos sanitarios que exigen hacerlo. También ha apuntado que en ocasiones se producen por fallecimientos, es decir, ante la dificultad de asumir la muerte, se considera que se podría haber hecho más por el paciente.

Desde la puesta en marcha del plan frente a las agresiones, ha habido 169 sentencias condenatorias, de las cuales 41 fueron constitutivas de delito y en este año ya se han interpuesto 25 denuncias por la vía penal, siempre bajo la tutela y el apoyo de la Administración. Entre 2010 y 2016, se han abierto 65 expedientes sancionadores, de los cuales 36 acarrearon sanción (de 300 a 600 euros).