En una rueda de prensa, el colectivo ha detallado que "la semana pasada dos familias cordobesas fueron sometidas a un juicio penal por el hecho de vivir en un local comercial propiedad de AVRA en la barriada de Moreras". Concretamente, son dos parejas jóvenes trabajadoras, una con dos hijos menores de edad y otra esperando un hijo, solicitantes de vivienda protegida "desde hace años".

Al respecto, han apuntado que su "única falta consiste en no tener una situación económica que le permita acceder al mercado libre de vivienda y que la administración no les haya dado ninguna respuesta efectiva para atender este derecho básico".

Por tanto, han calificado como "especialmente grave que desde la agencia de la Junta de Andalucía que gestiona el parque público andaluz de vivienda social se haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias".

Para conocer "la verdadera dimensión de este caso", hay que tener en cuenta que este local, "como la mayoría de los espacios comerciales de los edificios de vivienda social de Córdoba", ha estado "vacío desde su construcción, a principios de los años 90, coincidiendo que esa es también la fecha de la que datan las últimas promociones de vivienda social en la ciudad".

Desde APDH-A han contactado con AVRA desde que hubo conocimiento del caso, para "intentar encauzarlo desde una perspectiva social", de modo que han solicitado en "reiteradas" ocasiones que "desistieran de la acción penal", aunque "desgraciadamente no se obtuvo una respuesta positiva, y ambas familias fueron juzgadas el jueves y se encuentran en espera de sentencia".

LOS TESTIMONIOS

Según el colectivo, "el supuesto argumento de que estas familias son conflictivas y que los vecinos del edificio habían solicitado la actuación de la administración, ofrecido desde la agencia para justificar su actuación, ha quedado desmentido por testimonios", recabados por APDH-A.

Además, la entidad considera que "son acciones incompatibles con el discurso sostenido desde el Gobierno andaluz en teoría contrario a los desahucios impulsados desde instituciones bancarias o con los principios básicos de la Ley andaluza 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía".

Igualmente, han defendido que es "inaplazable que la Junta de Andalucía amplíe urgentemente la oferta de vivienda social en la ciudad, prácticamente congelada desde hace más de 20 años", y que "casos como los descritos sean tratados exclusivamente a través de los servicios sociales, renunciando a cualquier tipo de acción represiva y/o punitiva".