En rueda de prensa, ha abogado por realizar la cesión de viviendas "con convenios, acuerdos y garantías", ya que si la cesión es voluntaria, "evitaremos muchos problemas".

Ha considerado necesario que la Administración autonómica disponga de viviendas para uso social, apuntando que el Instituto Aragonés de Vivienda ya emprendió esta iniciativa en la legislatura pasada (PP-PAR) y recalcando que se deben articular procedimientos para instar a los particulares y las sociedades financieras a ceder "voluntariamente" las mismas.

Los populares rechazan la regulación propuesta sobre la definición de viviendas desocupadas y la cesión obligatoria a la Administración, argumentando que se haría de oficio y sin establecer un procedimiento de declaración contradictoria, lo que "vulnera" los principios de igualdad, proporcionalidad y posiblemente el derecho a la vivienda, recomendando que se notifique a los propietarios la posibilidad de ceder sus viviendas y que la Administración escuche lo que tiene que decir el titular para que este "pueda oponer sus razones" a la reclamación de la Administración.

Consecuentemente, el PP rechaza la configuración fijada en la iniciativa legislativa del Registro de propiedad de viviendas desocupadas, por considerar que el procedimiento obligatorio "vulnera" varios principios constitucionales.

A FAVOR

"La posición del PP es a favor de las medidas de ayuda en situaciones de emergencia social, lo hemos estado en el pasado y lo estaremos en el futuro", pero "siempre dentro del marco de la legalidad vigente y de las competencias" porque "no hacerlo así supondría una irresponsabilidad o incluso un engaño y una decepción", ha dicho.

Serrat ha advertido de que el Gobierno de España ya ha recurrido varios artículos del Decreto Ley de Medidas de Emergencia Social que aprobó el Gobierno de Aragón el pasado mes de diciembre, que se han incluido casi literalmente en este proyecto de ley, un texto refundido resultante del Decreto mencionado y la proposición de ley de Podemos sobre la garantía de efectividad de los derechos sociales.

Se ha preguntado si el Gobierno no ha querido aceptar las enmiendas del Grupo Popular sabiendo que el Decreto Ley original está recurrido ante el TC porque "no tiene voluntad de que esta ley pueda llegar a aplicarse" para después "poder culpar al recurrente" del Decreto, el Gobierno de España. El PP ha presentado varias enmiendas para "paliar ese riesgo", pero "no han sido atendidas", ha lamentado.

El PP está de acuerdo con la finalidad de este proyecto de ley, atender las situaciones de necesidad de las personas vulnerables, y también -aunque con matices- de sus objetivos: reconocer el carácter esencial de las ayudas económicas, lo que ya recoge la Ley de Servicios Sociales, promover una actitud más activa de las Administraciones Públicas en la defensa y garantía de los derechos sociales y establecer la inembargabilidad de las ayudas sociales.

La parlamentaria del PP ha observado que "estas decisiones se tienen que tomar en el ámbito de las competencias -de la Comunidad Autónoma- y en el marco de la legalidad", ya que "no hacerlo así supondría una irresponsabilidad o la voluntad de que la norma no quiere cumplirse", puntualizando que el Ejecutivo aragonés no lo quiere así.

CONCRECIÓN

Serrat ha emplazado a definir quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad, los sujetos de derecho, "con criterios objetivos y sin discrecionalidad".

Respecto a la declaración de ayudas esenciales, ha señalado que en el proyecto de ley no queda claro quiénes son considerados enfermos crónicos ni qué es la pobreza relativa. Tampoco están de acuerdo en incluir en esta ley las ayudas de comedores escolares y la ampliación de la escolarización gratuita de cero a tres años para familias en situación de pobreza relativa.

Dolores Serrat ha apoyado la inembargabilidad de las ayudas económicas de emergencia social por carecer de sentido lo contrario, pero ha recalcado que la competencia corresponde al Gobierno de España, apuntando que el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya reconoce varias situaciones en las que los embargos de algunas ayudas no pueden ejecutarse. Ha hecho notar que la letrada de las Cortes que ha informado el proyecto de ley ha mencionado este artículo en sus correcciones técnicas.