El Gobierno regulará los concursos y descargas por SMS para evitar abusos

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, confirmó hoy que antes de que finalice el año habrá una normativa que regule los denominados SMS premium, y señaló que "confío que como mucho se tarde dos meses en ello".

Estos mensajes tienen unas tarifas especiales y a través de ellos los usuarios se descargan contenidos. La información sobre los costes y el sistema de recepción y abono suele pasar desapercibida por el usuario debido a que los costes y naturaleza del servicio aparece en letras muy pequeñas, con tiempos de emisión mínimos o no se da, lo que ha provocado muchas denuncias y acciones de las Comunidades Autónomas.

La nueva legislación de los SMS Premium será muy similar a la de los números 900 de tarificación adicional y supondrá la existencia de números de 6 cifras para los servicios de suscripción y de 5 para los demás, en los que el primer dígito indicará el tipo de contenido que se contrata.

Ros, que acudió a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, indicó en los pasillos del Congreso que, tras la apertura de expedientes en el País Vasco, se está recogiendo información para adecuar este tipo de SMS a la legislación. "Estamos recopilando toda la información posible que se ha pedido al sector, para una vez recogida actuar preparando la normativa oportuna que regule los "SMS Premium", añadió.

El Gobierno vasco contra las estafas por SMS

El anuncio de Ros se produce tras las preguntas de los periodista sobre la decisión tomada por la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. Ésta ha iniciado siete expedientes sancionadores contra operadoras de telefonía y empresas publicitarias y de gestión de datos por la facturación indebida de los mensajes SMS Premium.

Según Consumo, la persona usuaria envía con su móvil un mensaje corto para participar, por ejemplo, en un concurso o descargar melodías en respuesta a un anuncio publicitario. El problema aparece cuando quienes han enviado dicho SMS pasan a ser dados de alta, sin saber lo que están suscribiendo y sin dar su consentimiento, en un servicio de recepción de mensajes por los que tiene que pagar un precio. El operador y el anunciante se reparten los beneficios.

Esta facilidad para darse de alta contrasta con la dificultad que encuentran las personas afectadas para solicitar la baja cuando se dan cuenta de que se les está cargando en su factura unos servicios que desconocía haber solicitado, o con las trabas que encuentra cuando pide que le sean devueltos los importes que considera cobrados de forma indebida.