La tramitación del expediente del indulto parcial se inició cuando el joven de 25 años entró en la prisión de Albolote (Granada) tras denegarle el Gobierno la condonación total de la pena que solicitó anteriormente.

El informe de la Audiencia Nacional para el indulto parcial, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "el condenado carece de antecedentes penales, ha mostrado su arrepentimiento por la participación en el hecho delictivo, tiene contrato de trabajo estable, y mantiene muy buena conducta en el centro penitenciario de Albolote en el que se encuentra actualmente interno, el cual ha evacuado informe positivo respecto al mismo".

Como se indica también en este informe, de fecha 27 de julio de 2016, la Fiscalía considera que "concurren excepcionales razones de justicia, equidad o utilidad pública" para acceder al indulto parcial de tres años que solicita el joven, habiendo de tener en cuenta "la escasa entidad y relevancia penal de los hechos".

La Audiencia, que da traslado a Justicia de la petición de indulto el pasado 29 de julio, se muestra favorable a la concesión del indulto parcial pero de dos años "habida cuenta de los actos perpetrados y naturaleza del delito".

El joven, que tenía 18 años cuando sucedieron los hechos, fue condenado a cuatro años de prisión como responsable de un delito de tenencia de tarjetas de crédito o débito destinadas a su tráfico, y a un año por estafa, junto con otras siete personas de distintas nacionalidades.

Alejandro Fernández mantuvo que ignoraba que la tarjeta que usó era falsa y que se le había dado un amigo, e ingresó en la cárcel en Granada al no prosperar las distintas acciones que emprendió para evitarlo las cuales tuvieron repercusión en los medios de comunicación generalistas y en las redes sociales que se hicieron eco de una carta de su madre sobre su caso que recogió más de 300.000 firmas en change.org.

El Ministerio de Justicia recordó entonces que el Consejo de Ministros ya había denegado en el mes de marzo el indulto total al haber contado la petición con los informes desfavorables de la Audiencia Nacional y el Ministerio Público.

Ahora, el abogado defensor del joven encarcelado, Javier Gómez Rosales, ha especificado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "lleva desde el 1 de septiembre con el tema en su mesa sin responder" tras ser solicitado nuevamente el indulto, esta vez parcial.

Mientras, "el hecho de que él esté dentro está suponiendo un quebranto económico a la familia" pues "no pueden pagar la hipoteca porque él es el que trabajaba" y "la mujer no trabaja", ha explicado Gómez Rosales quien ha incidido en que "han pasado más de dos meses" desde que "el Ministerio de Justicia, que lo tiene ya todo para resolver, no ha resuelto todavía".

Asimismo, el letrado ha valorado la importancia del informe favorable de la Fiscalía que "a diferencia de la vez anterior ahora sí dice que está de acuerdo en que se le quiten tres años" con lo que el joven podría salir de la cárcel.