Administraciones, partidos políticos y gigantes energéticos se cuestionan estos días quién tiene responsabilidad en la muerte de Rosa, la anciana de Reus. La mujer de 81 años falleció el pasado lunes en un incendio provocado por una vela al tener cortado el suministro eléctrico por impago.

Mientras se buscan respuestas, el foco se pone precisamente en esos millones de hogares invisibles que, como el de la octogenaria Rosa, tienen dificultades para pagar suministros básicos, como la luz o el gas. Rosa murió de pobreza, tan duro como real, de la llamada pobreza energética, un problema que afecta a más de 5 millones de ciudadanos y al que se asocian alrededor de 7.000 muertes al año en España.

Así se desprende del último estudio bienal sobre pobreza y desigualdad energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), publicado en abril de este año con base a datos de 2014.

Incendios, como el de la anciana de Reus, así por enfermedades derivadas de las bajas temperaturas son causantes de estos decesos.  Estas dolencias mortales son enfermedades respiratorias (constipadoso o neumonía), circulatorias (hipertensión, infarto, ictus...),  problema de salud mental (ansiedad y depresión), entre otras.

Para entender la gravedad del asunto, ACA hace una comparativa de los fallecidos por pobreza energética con los muertos en carretera. La cifra se multiplica por 6 en el caso de las víctimas por este tipo de indigencia frente a los muertos en accidentes de tráfico en 2014 (1.131).

Y no es un dato nuevo o puntual. Este escalofriante escenario ha ido empeorando progresivamente mientras el precio de la luz y el gas se ha disparado para todos las familias españolas a la vez que las rentas han ido bajando por la crisis.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007 –un año antes de estallar la crisis– el gasto medio anual en electricidad y gas de los hogares españoles era de unos 700 euros (ver gráfico). En 2015, el gasto mensual de estas facturas aumentó en más de un 42%, situándose en 1.000 euros, unos 300 euros más.

El dato es todavía más nefasto para los bolsillos si tenemos en cuenta el precio de la factura eléctrica que recoge Eurostat: se incrementó un 76% entre 2007 y 2014 por el afloramiento de costes y la inclusión en la tarifa de diversos conceptos.

Esta negativa evolución ha sido inasumible para casi un 11% de los hogares, según el INE, incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (la Organización Mundial de la Salud advierte que la temperatura del hogar debe estar entre 18 y 22º para no suponer un peligro para la salud).

Otro estudio, realizado por el centro de investigación Economics for Energy, una entidad privada y sin ánimo de lucro que tiene como socios a las principales multinacionales energéticas como Gas Natural o Iberdrola, ya alertaba que entre 2007 y 2013 el índice de pobreza energética en España se había multiplicado por tres, hasta alcalzar 1 de cada 10 hogares. La causa: el aumento de la brecha entre rentas altas y bajas durante la crisis.

Este informe, titulado Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, ponía la voz de alarma en algunas comunidades que presentaban mayores índices de incapacidad de las familias para hacer frente a los costes de sus necesidades energéticas básicas. Estas regiones son Andalucía, Canarias o Murcia.  En el lado contrario se sitúan País Vasco, Castilla y Léon o La Rioja.