La misma razón alegó el fiscal, en una vista celebrada esta mañana en el Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, para rechazar la puesta en libertad del ex primer teniente de alcalde en el consistorio Pedro Román -en prisión preventiva también desde hace más de cinco meses- e insistió en que en ambos tienen contactos internacionales que podrían acrecentar su capacidad de huida.
En el caso de Juan Antonio Roca, entiende que está suficientemente acreditado, mediante un auto de más de 400 páginas en el que se hace un recorrido por las actividades delictivas del procesado, que cometió un delito de cohecho continuado con objeto de "favorecer" a efectos urbanísticos a determinados empresarios.
En cuanto al delito de blanqueo de capitales del que se le acusa, argumentó que es "notorio" que las rentas presentadas por el ex asesor de urbanismo no tiene un "origen determinado" y que además este aparece como titular de 50 sociedades que le habrían servido "para ocultar su importante patrimonio".
La defensa de Roca reclamó la presunción de inocencia para su cliente y aseguró que en los argumentos recogidos en las resoluciones dictadas anteriormente donde se desestima su puesta en libertad no hay más que "valoraciones gratuitas".
Se acogió al principio de contradicción y señaló que le hubiera gustado que el que hasta hace poco fue juez instructor del "caso Malaya", Miguel Ángel Torres, le diera la oportunidad a su defendido de responder a las acusaciones de otros imputados en esta operación.
Recalcó además que aún no ha quedado demostrado que Juan Antonio Roca posea tal patrimonio en el extranjero, ni que haya contribuido a generar un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Marbella.
"Debe ser el único en España que por un delito económico se le prive de libertad", manifestó el abogado de Roca José Aníbal Álvarez, quien comparó la situación de su cliente con los de los imputados en el caso de Forum y Afinsa.
Además, recordó que el ex asesor de urbanismo, junto con Román, son los dos únicos de los 86 procesados que permanecen en prisión preventiva después de que se decretara la puesta en libertad del ex comisario Florencio San Agapito, tras pagar una fianza de 500.000 euros, y del abogado Juan Germán Hoffman.
Respecto a la puesta en libertad de Pedro Roman, su defensa apeló a dos autos, uno en mayo y otro en junio, en los que el juez instructor reconocía que el riesgo de fuga era secundario.
Asimismo, manifestó que deberían tenerse en cuenta determinados "gestos de sometimiento a la justicia", como el que su cliente regresara a España procedente de Suiza tras conocer que se había dictado una orden de arresto contra él.
El juez imputa al ex asesor urbanístico, detenido el 29 de marzo de 2006, los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
Román, considerado la "mano derecha" del fallecido ex alcalde Jesús Gil entre los años 1991 y 1998, fue detenido el 2 de mayo por su presunta implicación en el "caso Malaya" y se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública.
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