El juicio ha continuado en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga contra la responsable de dicha asociación, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también imputa a un empleado, para el que se solicita un año de cárcel. Además, a la dueña se le acusa de un delito continuado de falsedad. La vista oral sigue este jueves.

Así, una de las socias ha explicado el caso de nueve gatos pequeños que dejó en el recinto y al día siguiente fue su marido y "no había ninguno". "Le pregunté qué pasa con los gatos y me dijo que había venido un extranjero y se los había llevado todos. Yo lloré muchísimo porque en el fondo sabía que... Le pedí una foto para quedarme tranquila y no quiso por la protección de datos", ha dicho.

"Es muy difícil creer que ha venido un extranjero que se ha llevado a nueve gatos salvajes en un día", ha señalado esta testigo, quien ha explicado que se creó a raíz de este procedimiento judicial una plataforma de justicia para los animales de Parque Animal "en la que comenzó a haber tal cantidad de gente, llamando, llorando y preguntando, que decidí hacer una asociación".

Ha apuntado que la acusada "a todos les contaba lo mismo, la teníamos endiosada" y ha señalado que cuando tenía la protectora en su casa también le llevó perros, insistiendo en que siempre dejó los animales "con la absoluta garantía y confianza porque ella siempre decía que ella no sacrificaba a ninguno", incluso aunque tuviera alguna enfermedad.

Otra socia ha señalado que había entregado animales muchísimas veces y cuando "empecé a tener mis dudas" fue cuando entregó una camada de cinco gatos y la acusada le dijo que se los había dado a un matrimonio alemán que "resulta que era el que siempre recogía a todos los animales que yo entregaba". "Las sospechas fueron todas", ha dicho.

"Me decía no les mires a los ojos porque si les miras ya no me los vas a entregar", ha señalado la testigo. Tanto estas dos como otros dos socios han coincidido en que hasta el momento en el que salió a la luz este proceso la acusada tenía toda su confianza y en que alardeaba de tener contactos municipales. También han señalado que siempre dejaban donativos cuando entregaban algún perro o gato.

Por su parte, a la administrativa de Parque Animal se le ha preguntado si apagaban las cámaras por la mañana y ha respondido que sí, porque por las mañanas es cuando se hacía el sacrificio de animales, aunque ha reconocido que no ha visto directamente llevarlo a cabo. "Pero lo sé, me consta", ha apostillado.

Al respecto, ha indicado que había muchas preguntas sin responder, como "dónde están una serie de animales que entraban, siempre salían los fines de semana para ser adoptados, siempre se los llevaba un extranjero". Ha apuntado que el peluquero se compró un aparato de música que ponía "a mucho volumen para no escuchar los alaridos de los animales" y que otros dos veterinarios le dijeron lo mismo.

Asimismo, ha señalado que realizaba listados de animales incinerados y que se las daba a la propietaria que era la que "se ocupaba de poner el sello de los colegiados", asegurando que vio firmarlos dos veces con sellos de veterinarios distintos.

En la sesión de este miércoles han declarado también varios veterinarios y uno ha explicado que hubo una reunión en la que expusieron a la acusada que no podía seguir realizando sacrificios de esa forma, pero respondió que "no podía dejar los ingresos por clínica y que seguiría haciendo eutanasias con veterinario o sin veterinario por la viabilidad de Parque Animal".

En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos. Se estiman que fueron 2.183.

Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.

Asimismo, según esta acusación, era la acusada la que "bajo el nombre de supuestos veterinarios firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios". También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento "o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses".