Dos de cada tres españoles está preocupado por la corrupción y el 80% piensa que la actuación del Gobierno es "mala o muy mala" frente a ella, según las conclusiones del último Barómetro Global de la Corrupción 2016 presentado este miércoles por Transparencia Internacional.
En rueda de prensa, su presidente, Jesús Lizcano, ha indicado que la encuesta se ha hecho en 42 países de Europa y Asia Central entre noviembre de 2015 y julio de 2016 y, concretamente en España, entre diciembre del año pasado y enero de éste a más de 60.000 personas.
Ha agregado que ésta "radiografía de la corrupción" señala que en España es percibida como un "problema muy importante", ya que es el segundo país tras Moldavia más preocupado por el asunto. Precisa que ello genera la "desconfianza de los ciudadanos" y un alejamiento de su clase política.
A diferencia de la mayoría del resto de los países encuestados, los españoles perciben la corrupción en la clase política, mientras que a los funcionarios no les consideran "contaminados".
La corrupción crece
El 32% de los encuestados cree que la mayor parte los miembros de la Presidencia del Gobierno están envueltos en corrupción, por el 29% de lso meimbros del Parlamento y el 26% de los directivos de las empresas. El 47% cree que la corrupción ha crecido en el último año, a pesar de las medidas implementadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para combatirlas.
El 35% opina que los ciudadanos no denuncian la corrupción cuando son conscientes de ella por miedo a las represalias, a pesar de que el 32% dice que informar sobre estos casos es el mejor método para que no ocurran.. El 19% asegura que este es el sistema de funcionamiento normal y que todo el mundo participa de ella. Sin embargo, solo entre un 1% y un 2% admite haber pagado sobornos para conseguir prebendas en los ámbitos de sanciones de tráfico, citas médicas, beneficios a nivel de estudios o solicitud de documentos oficiales.
El 88% concluye que las personas con más poder adquisitivo e influencia usan a menudo su influencia sobre los gobernantes para beneficiar sus propios intereses, por lo que deberían establecerse reglas más estrictas para evitarlo. El 80% está de acuerdo con que debería prohibirse por completo el apoyo financiero de las empresas a partidos o candidatos políticos.
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