La Conselleria de Enseñanza de la Generalitat ha detectado y apartado de la labor docente a tres profesores con condenas por delitos sexuales, desde la entrada en vigor de la obligatoriedad del certificado de delitos de naturaleza sexual para trabajar con menores, ha anunciado este martes la consellera Meritxell Ruiz.

En su comparecencia en el Parlament, Ruiz y la secretaria general, Maria Jesus Mier, han afirmado que el departamento pidió a los 90.000 docentes autorización para tramitar el certificado y evitarles las colas, de los que solo diez se negaron y dijeron que los presentaban ellos.

De estos diez, finalmente tres se ha constatado que tenían antecedentes por una condena previa, y ya han sido apartados como permite la Ley del Menor de 2015.

De uno de ellos, condenado en Aragón por abusos y posesión de pornografía infantil y que ejerció en un colegio de Pallejà y otro de Mollet del Vallès (Barcelona), el departamento tuvo conocimiento de la condena en 2010, que no recogía una inhabilitación para la labor docente, y de la que no pudo informar porque el registro de antecedentes no es público.

Ruiz ha asegurado que el departamento en 2010 "no podía hacer nada" y que ahora existe una normativa que antes no existía, y ha considerado sorprendente que se le inhabilitara para votar pero no para ejercer la docencia.

Ha explicado que su departamento se reunirá la semana que viene con la Fiscalía de Catalunya para expresarle las "limitaciones" que ha detectado en el sistema para combatir los abusos en los centros educativos.

Ha afirmado que en la revisión de los protocolos han detectado limitaciones que "se escapan del ámbito educativo" e incluso de las competencias del Parlament y que se lo trasladarán a la Fiscalía.

Entre estas limitaciones, la consellera ha asegurado que pedirá una ampliación de la prescripción del delito por abusos y la aplicación de medidas cautelares si se demuestran evidencias, señalando que se sienten "indefensos" hasta que se dicta sentencia, ya que solo pueden apartar al docente durante tres meses si no tiene una condena previa.

Ruiz ha solicitado que las sentencias por abusos lleven "incorporada" la inhabilitación para la función docente, y ha reprochado que el registro de delitos penales no sea público como ocurre en otros países.

La consellera ha explicado que actualmente hay 26 casos -21 en centros públicos- de presuntos abusos con un expediente judicial en curso.