La Seguridad Social cerrará 2016 con el déficit más alto de su historia, el 1,7% del PIB, frente al 1,1% previsto a principios de año, lo que supone una desviación de más de 18.000 millones de euros, según el proyecto presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas.

Ante tal magnitud, las alarmas han saltado y la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo –encargada de velar por la viabilidad del sistema público de pensiones–, ha convocado a los representantes de todos los partidos políticos con carácter de urgencia. En un plazo de cinco meses debe presentar propuestas de reforma que aseguren la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El Pacto de Toledo arrancó sus trabajos el 18 de octubre con la comparecencia de Marcos Peña,  presidente del Consejo Económico Social (CES), que apuntó que a finales de 2017, como tarde, ''la hucha de las pensiones'' se agotará definitivamente, si no se produce ninguna entrada de dinero.

Dicha hucha, cuyo nombre real es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se creó en el año 2000 con el fin de disponer de fondos extra, recaudados durante los años en los que el sistema ha generado superávit, que contribuyan a financiar los déficit en tiempos de vacas flacas.

Hasta 2011 no hizo falta recurrir a la hucha de las pensiones, pero la crisis hizo saltar las cuentas de la Seguridad Social y desde entonces se han sacado hasta 56.000 millones de euros. En la actualidad, quedan 25.176 millones de reserva.

Desde 2012 los ingresos por las cotizaciones no son suficientes para realizar los pagos, el crecimiento del empleo que ha experimentado el país no se traduce en recaudación. La conclusión es que se avecina otra vuelta de tuerca al sistema de pensiones.

José Antonio Herce, socio director de AFI y uno de los mayores expertos en pensiones de España, apunta que las reformas implican siempre recortes. ''Reunión de pastores, cordero muerto'', declara Herce.

En su opinión, habría que adoptar medidas distintas, como por ejemplo permitir ''una compatibilización plena de la pensión con ingresos laborales y empezar a capitalizar las pensiones'', dice.

''Y, sobre todo, no tener miedo a decir las verdades. Durante la crisis han bajado los salarios y, sin embargo, se han mantenido las pensiones. O que en muchos países no existe la pensión de viudedad, que en cualquier caso, no debería ser compatible con una segunda pensión de vejez'', piensa el socio de AFI.

Desde 2013, la Seguridad Social  ha sufrido ya dos reformas y ambas han supuesto un recorte de la pensión a la que tendrán derecho los futuros jubilados.

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la referida a las condiciones para acceder a la pensión. La medida estrella fue retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva.

Igualmente amplió, también de forma gradual,  el cómputo de las bases de cotización de 15 a 25 años; es decir, que se contabilizan las cotizaciones de los últimos 25 años y no los 15 como hasta entonces.

En principio, en los últimos años de la vida laboral la cotización es más alta, por lo que al aumentar el cómputo se baja la media cotizada.

Otro cambio de calado es que antes de la reforma, para tener derecho al 100% de la pensión se debía haber cotizado 35 años, y ahora se ha aumentado a 38 años y 6 meses.

Por último, se endureció la reducción que se aplica por cada año que el trabajador se jubile de forma anticipada.

La segunda reforma, de 2014, se aplicó sobre la forma de actualizar las pensiones. Hasta entonces se usaba el IPC y con la reforma se aplica un nuevo sistema que en la práctica ha reducido la revalorización anual a un 0,25%.

Además se ha aprobado un sistema correctivo, denominado factor de sostenibilidad, que ajusta la cuantía de la pensión a las cifras de la esperanza de vida nacional. A más años, menos pensión. España está a la cabeza de Europa en esperanza de vida con una media de 83 años, y creciendo.