Victorino Alonso García ha sido condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión y a indemnizar al Gobierno de Aragón con 25.490.805 euros, cantidad de la que debe responder de forma subsidiaria la empresa Fimbas S.A., de la que era administrador, que además deberá satisfacer las costas del proceso.

Los abogados han argumentado su expectativas de que pudiera prosperar el recurso de apelación "a la vista de la concurrencia de culpas de la Administración de Aragón que determina, categóricamente, la propia sentencia".

En una nota de prensa, han precisado que "se trata de una resolución que al no ser firme, carece de fuerza ejecutiva en estos momentos" y han asegurado que tras un análisis en profundidad del contenido de la sentencia presentarán el recurso de apelación dentro de los plazos legales.

A juicio de Fimbas, S.A., en la sentencia se destacan "notables contradicciones que contiene en su fundamentación jurídica al considerar que la afección a la Cueva respondió a un plan preconcebido y, al mismo tiempo, admitir que la Administración actuó con desidia manifiesta al no señalizar en modo alguno el yacimiento, no comunicarse con la dirección de la propietaria de la finca al respecto y sin embargo aplicar una condena tan rigurosa como la que contiene".

En este sentido, han estimado que "no ampara el derecho a la tutela judicial efectiva desatendiendo la invocada prescripción de los hechos, sorteando la nítida jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia".

De forma sintética, han indicado que "se trata de un asunto que permanece 'subiudice' y que deberá ser resuelto de forma definitiva por las instancias superiores".