Así lo han anunciado este viernes, en rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT-Córdoba, Pedro Téllez, y el secretario general de CTA en Córdoba, Francisco Moro, quienes han estado acompañados por quienes representan a los ex trabajadores de Pérez Giménez, José Ruiz (UGT) y Pilar Relaño (CTA).

En concreto, Moro ha señalado que Pharmex "está ya pidiendo la ayuda de las administraciones" para su proyecto empresarial en Córdoba, aunque, por ahora, "obvia a los sindicatos", mientras que Téllez ha aclarado que los sindicatos dan la "bienvenida" a la nueva sociedad propietaria de los laboratorios, siendo el "problema que el juez (de lo Mercantil) ha cambiado de opinión" respecto a que la adjudicataria, aunque ya "sin subrogación de contratos", cuente con los ex trabajadores de Pérez Giménez para reactivar la empresa.

Téllez ha aclarado que los sindicatos no tienen "absolutamente nada en contra" de Pharmex, con la que se quieren poner en contacto, siendo "otra cuestión la actitud con la que nos reciba o nos reciba", aunque entienden que "no habrá negativa a que mantengamos una reunión, entre otras cuestiones, para conocer su proyecto de empresa y cuáles son sus objetivos".

Por otro lado, los sindicalistas se han referido al auto del magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Antonio Fuentes, mediante el que, no solo ha rechazado el recurso de los sindicatos contra la adjudicación de la empresa a Pharmex, sin la garantía que se venía exigiendo a todos los postores de emplear a ex trabajadores de Pérez Giménez, sino que, además, ha condenado a los sindicatos al pago de las costas procesales, avisándoles que no consentirá que critiquen a los administradores concursales, llegando a atribuir "ignorancia" a los representantes sindicales.

Ante ello, Francisco Moro y Pedro Téllez han coincidido en responsabilizar a la Administración Concursal de la dilatación del concurso de acreedores, iniciado hace cinco años, de que los trabajadores fueran despedidos con el cobro pendiente de hasta 33 nóminas, sin acceder a las indemnizaciones que les corresponderían y retrasando varios meses la entrega de documentación para que pudiesen cobrar prestaciones por desempleo y del Fogasa una mínima parte de lo se les debía, de modo que, según ha subrayado Moro, los sindicatos criticarán lo que les dé "la gana".

En cambio, según ha señalado el sindicalista, "los concursales si que han cobrado, 500.000 euros, y de forma ilegítima", a juicio de Moro, para quien está claro que el auto con el que el juez rechazó el recurso de CTA y UGT "es profundamente antisindical e incorrecto", buscando el juez "expulsar" a los sindicatos "del procedimiento", cuando son "los representantes legítimos" de los ex trabajadores.

Por su parte, Pedro Téllez, tras señalar a los concursales como "responsables" de que se llegara al despido de toda la plantilla, ha indicado que el juez, "para justificar su cambio de opinión, que es personal y no basada en ningún argumento jurídico, no solo deja en la cuneta a los trabajadores", después de todo lo que "han padecido", sino que, además, condena en costas a sus representantes, lo que es "lamentable", pues lo único que han hecho es "defender los derechos de los trabajadores".