La petición viene reflejada en una proposición no de norma presentada por el grupo Popular Vizcaíno, que ha contado con el apoyo de todos los grupos junteros, a excepción de Podemos Bizkaia que ha votado en contra.

Según ha explicado en la comisión de Acción Social el apoderado popular Eduardo Andrés, la previsión para 2016 es que este gasto sanitario supere los 12 millones de euros, "de los que 10 millones corresponderá pagar a la Diputación y algo más de 2,2 millones al Ejecutivo autonómico, en base a un convenio suscrito entre ambas administraciones". Con la entrada en vigor el año próximo del nuevo Decreto de Cartera, ha dicho, "queda claro que el Gobierno vasco debe asumir la totalidad del gasto sanitario".

Ambas administraciones deben acordar primero las cantidades y establecer después quién se hará cargo de pagar una factura que ha ido subiendo progresivamente en los últimos años fruto del envejecimiento de la población. Desde los partidos que apoyan al ejecutivo foral (PNV y PSE-EE) se ha llamado a la "prudencia" debido a que el Gobierno vasco aún no está constituido, si bien la jeltzale Celia Gómez ha dicho que "no se parte de cero", recordando que en los presupuestos de 2017 se cuenta con un compromiso inicial del Gobierno vasco de abonar más de 4 millones de euros por estos conceptos.

El apoderado popular ha justificado su proposición por considerar que las prestaciones sanitarias "no están siempre bien compensadas" por el Gobierno vasco, por lo que ha instado a que, "a lo largo del próximo año", se revierta la situación en función del artículo 7 del Decreto 185/2015, de 6 de Octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

En ese sentido, ha añadido que "no debe ser necesariamente desde el 1 de enero, debido a la situación de provisionalidad del Ejecutivo autonómico". Para EH Bildu, este artículo "deja claro", sin embargo, que mientras no se desarrolle el Decreto de Cartera, el abono del gasto sanitario correspondería "a ambas partes".